Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón se aliaron hoy para que las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, con una densidad de población inferior a 12 kilómetros cuadrados, tengan una consideración especial en el futuro mapa de ayudas regionales de la Unión Europea, si bien consideran que este acuerdo debe tener consecuencias en los presupuestos estatales.

Los presidentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE) y del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (PSOE) firmaron este viernes un documento-solicitud para que la Unión Europea modifique los criterios de elaboración del mapa de ayudas regionales de manera que las provincias de Cuenca, Soria y Teruel reciban la consideración de zonas muy poco pobladas. 

En una rueda de prensa tras la firma del acuerdo recogida por Ical, los tres presidentes defendieron que la revitalización del mundo rural y el problema de la despoblación es una cuestión de estado y aseguraron que este documento está abierto al resto de las comunidades que forman parte del Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico (Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y La Rioja). 

El presidente de la Junta Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, significó que, tras la firma del documento, los tres gobiernos autonómicos estarán vigilantes para que el Ejecutivo central realice las gestiones oportunas para que Soria, Teruel y Cuenca tengan un tratamiento especial y se puedan generar “oportunidades de vida” y revertir su tendencia poblacional.

Mañueco, coincidió con el presidente de Aragón, en la importancia que tiene la PAC para revitalizar el medio rural, ya que permite que lleguen “cientos de millones” para el sector agrario y agroalimentario, que ha demostrado ser esencial en crisis como la recientemente vivida por el COVID-19.

En este sentido, el presidente de la Junta mostró su lealtad al Gobierno de España para defender una PAC ante Europa, ya que “es un sector estratégico y sin profesionales de la agricultura y ganadería hubiera sido muy difíicil superar la crisis sanitaria”.

Asimismo, precisó que herramientas como el Plan Demográfico y Económico para Soria, que ha supuesto invertir 90 millones de euros de ayudas públicas, son eficaces para modificar el saldo poblacional negativo, tal y como ocurrió en 2018, año en el que Soria no perdió población, gracias al impulso público-privado.

Reducción cuotas a la Seguridad Social

García Page detalló que una de las pretensiones del denominado ‘lobby’ de la despoblación pasa por que se reduzcan en un 20 por ciento las cuotas a la Seguridad Social en este territorios, y adelantó que el documento que hoy se firmó se enriquecerá con las aportaciones de las otras comunidades autónomas de la España de interior, que también padecen problemas de despoblación en determinadas comarcas. 

“Pedimos con claridad que estas tres provincias, que ya reúnen las condiciones de zonas despobladas puedan tener ventajas fiscales. Se trata de no ver el despoblamiento como un problema y sí como una oportunidad”, dijo, para señalar que las reuniones se sucederán a lo largo de este año y la próxima cita será el 14 de julio ya con interlocutor de la UE.

El presidente castellano manchego abogó por blindar en términos financieros los servicios básicos como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, ya que “se trata de objetivar la prestación de servicios, es decir, las cuentas del Estado del Bienestar”. 

“El documento de hoy tiene que tener consecuencias en la política del Gobierno España ante el Gobierno de Europa. Pedimos que nuestras tres provincias, sin excluir que pueda haber un efecto a otros territorios de nuestras comunidades y del resto de España puedan beneficiarse de las ventajas fiscales ”, reivindicó.

El acuerdo, según García Page es de largo recorrido y debe, en su opinión, condicionar el debate político en España a corto plazo.

Ampliar ventajas fiscales

El presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán, insistió también en la necesidad de que los beneficios fiscales que requieren no comprendan solo estas tres provincias sino que se flexibilicen en su ámbito de aplicación a otras comarcas, que aunque no cumplen con el criterio de contar con una densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrados, tienen realidades demográficas similares. 

Asimismo, subrayó la unidad de criterio entre las tres comunidades que ha dado lugar a un acuerdo adoptado “desde el sentido común”. 

En su opinión, esto demuestra que “hacer España desde el sentido común es más fácil desde las comunidades autónomas, que desde la capital del reino que a veces evidencia, que hacer país es imposible”.