La «alineación» con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas son la principal novedad de los presupuestos de la Diputación para el ejercicio 2020, situando así a la provincia a la vanguardia económica, pues es una de las primeras instituciones del país en adaptarlas. «Esto no puede quedar en un discurso, tiene que haber una política comprometida de las administraciones», afirmó la presidenta, Ángeles Armisén.
Se trata, por tanto, de unos presupuestos «inversores e innovadores» que «piensan en las personas, en los municipios de la provincia y en el desarrollo socioeconómico», defendió la vicepresidenta segunda y diputada del área de Hacienda, María José de la Fuente.
El montante total asciende a los 68.812.137 euros, un ligero incremento del 0,2 por ciento con respecto a 2019, y que sale adelante gracias al «buen trabajo» de la institución, que puede permitirse el lujo de darles luz verde incluso antes de que se conozca el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. Además, la disminución del endeudamiento un 21 por ciento hasta los 2.767.824 euros «libera 740.000 euros para inversiones y otros recursos», explicó De la Fuente.
Esto ha sido posible, afirmó Armisén, gracias a la «saneada situación económica» de la Diputación, cuya deuda viva al finalizar 2019 se sitúa por debajo de los 15 millones de euros, lo que supone bajar del listón del 25 por ciento de sus recursos corrientes liquidados. De hecho, el nivel de endeudamiento de la institución provincial se ha recortado durante el último cuatrienio en más de 8,6 millones de euros, pasando del 40,15 al 24,73 por ciento que tendrá a 31 de diciembre de este año, lejos del límite legal para concertar más préstamos que se sitúa en el 110 por ciento.
POR ÁREAS. Para presentar el presupuesto de 2020, Armisén se rodeó del equipo de Gobierno casi al completo (solo faltó Adolfo Palacios). Además, fueron los propios diputados de área los encargados de desgranar la partida correspondiente en cada departamento.
Así, la administración provincial destinará casi el 30 por ciento de su presupuesto, hasta alcanzar los 20,8 millones de euros, a la inversión en infraestructuras y una suma similar (21 millones) a los servicios sociales. El tercer lugar vendría a ocuparlo, con el 23 por ciento (16 millones), el área de Promoción Económica, que incluye diversos programas encaminados al fomento del empleo y el desarrollo social y económico en la provincia.
Por otro lado, uno de cada trece euros (5,361 millones, el 7,7 por ciento del presupuesto) se emplearán en la asistencia directa a los ayuntamientos para facilitar y modernizar su gestión en los municipios. Entre estas cuatro grandes áreas suman prácticamente el 90 por ciento de las inversiones y gastos totales, mientras que el 10 por ciento restante se distribuye entre la administración, el funcionamiento y gobierno de la Diputación (4,15 millones [6 por ciento]) y la amortización de deuda (2,77 millones [4 por ciento]).
«Son unos presupuestos que se caracterizan por su operatividad», aseguró Armisén, quien añadió que «la administración está para ayudar y llegará allá donde no lo haga el mercado».