El elevado precio del terreno cultivable o de sus arrendamientos es uno de los principales problemas que encuentran los jóvenes a la hora de incorporarse al sector. Una situación que se pretende paliar con la puesta en marcha de un banco de tierras autonómico, que en Castilla y León está recogido en la Ley Agraria desde 2014, pero que se trata de un proyecto aún no desarrollado. De momento, y como algo temporal, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha formalizado convenios con ayuntamientos y juntas vecinales para ceder el uso de las tierras sobrantes de los procesos de concentración parcelaria con las mismas prioridades que tendrá el futuro banco de tierras.

Esta iniciativa, en la que ya se han firmado 176 convenios, como detallaron fuentes de la Consejería, cuenta en la actualidad con 5.102 hectáreas que servirán para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo regional con el reto de lograr su rejuvenecimiento. Una cantidad «pequeña» si se tiene en cuenta que la Comunidad cuenta con más de cinco millones de hectáreas de superficie agrícola.

Son los propios municipios los que disponen de este fondo de tierras para repartirlos bajo los criterios establecidos por la Administración autonómica, como la prioridad a la incorporación de jóvenes y mujeres. A este banco de tierras ‘temporal’ ya se han sumado municipios de las provincias de León, Burgos, Ávila, Valladolid y Soria.

A través de esta fórmula «transitoria», la Consejería cede el uso de estas fincas a las entidades municipales que lo han solicitado por un periodo de cinco años para que las arrienden, de manera preferente, a jóvenes, mujeres o entidades asociativas de la localidad o colindante. Las rentas obtenidas deberán destinarse a finalidades que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona, especialmente a la conservación de sus infraestructuras agrarias.

Una vez finalizado el plazo de arrendamiento, las fincas podrían pasar al fondo de tierras, prorrogarse la situación mediante la formalización de nuevos convenios o adjudicárselas directamente a estas entidades municipales o, en su caso, a otras corporaciones como las comunidades de regantes de las diferentes zonas.

Pero además de querer impulsar un banco de tierras autonómico para facilitar el acceso, en Castilla y León hay algunas iniciativas particulares que funcionan bien desde hace años. Este es el caso del Banco de Tierras de El Bierzo, un centro de intermediación creado por el Consejo Comarcal del Bierzo, cuya finalidad es la movilización de terrenos con vocación agrícola, ganadera o forestal.

También existen otros proyectos como un bando de tierras interautonómico bajo el nombre de Red Terrae, como señalaron fuentes ministeriales. Esta iniciativa está liderada por una red de municipios, abierto a nuevas incorporaciones, públicas o privadas. En la actualidad son 40 municipios de ocho comunidades -Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Canarias, País Vasco y Valencia-, que dispone de una base de datos de fincas, con entradas para la oferta y para la demanda de tierras.