La titular del juzgado de primera instancia número 4 dejó ayer visto para sentencia la demanda de desahucio interpuesta por el Ayuntamiento de la capital contra una familia compuesta por un matrimonio y sus tres hijos, que desde comienzos del presente año ocupan de manera ilegal la Casa del Agua, el edificio municipal protegido en el que otrora se regulaban los depósitos de agua a los pies del Cristo de Otero.

La magistrada dictará ahora sentencia después de que el Consistorio decidiera llevar el caso a los tribunales, aunque la defensa legal de la familia ya ha advertido a través de Diario Palentino que la más que probable resolución de desahucio dictada será apelada ante la Audiencia Provincial, solicitando la nulidad del procedimiento, por supuesta inseguridad jurídica, al considerar que en este caso se habría vulnerado la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Dicha ley establece que como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica, se ha producido en los últimos años un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial. Por todas las administraciones públicas se han venido desarrollando planes de actuación para atender tales situaciones.

Resume que la ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. «Los poderes públicos, eso sí, deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho y, en ese marco, preocuparse de forma particular por aquellas personas en riesgo de exclusión social.

De hecho, la defensa legal de la familia recuerda lo que dice la ley, concretamente en el nuevo apartado 1 bis del artículo 441, que establece que en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, «se regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento. Asimismo, se generaliza la regulación incorporando un nuevo apartado, en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situación, para dar conocimiento a los servicios públicos competentes en materia de política social, por si procediera su actuación, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad».

Fue el pasado 2 de enero cuando Juan de Dios -nombre ficticio- rompió con ayuda la cerradura de la puerta de la segunda planta de la Casa del Agua, el edificio municipal protegido en el que otrora se regulaban los depósitos de agua a los pies del Cristo de Otero, y decidió que aquel iba a ser el nuevo hogar para su mujer y sus tres hijos de 2, 4 y 8 años.

«Yo no quiero entrar en casas de nadie, solo tener mi casa para estar con mis hijos», comentó a Diario Palentino a este joven de etnia gitana, que afirma que si ha dado este paso ha sido para garantizar su seguridad y la de su familia.

Juan de Dios relató que a finales  de octubre de 2018 tuvo problemas con unos familiares que residían cerca del que hasta que comenzó el año, fue su domicilio en la calle Padilla, del barrio de Pan y Guindas. 

«Estábamos amenazados, enfadados, y aunque los ancianos -gitanos de respeto, explicita- intentaron mediar en el conflicto no se solucionó el problema. Cogí miedo de estar allí así que fui al Ayuntamiento con mis padres y gente de peso para explicar al alcalde nuestra situación y solicitar una vivienda de alquiler social». 

«Se nos dijo que en unos 15 días iban a buscar una solución y, mientras tanto, convivimos mi familia, 10 en el mismo piso. Sin embargo, pasó el tiempo y nadie nos dijo nada hasta que en el mes de diciembre se volvieron a revolver las cosas y ya, por miedo de mis hijos, de mi mujer y de mí, tomé la decisión de entrar aquí», señaló Juan de Dios.

«Tenía conocimiento de que este local era del Ayuntamiento y que estaba cerrado, pero no sabía que estaba cedido y lo utilizaban otras personas. 

Esas personas a las que se refiere Juan de Dios eran los miembros de la Asociación Cultural Alquimia 130, un colectivo que desde el año 2004 desarrolla un proyecto cultural -durante año fue sede de su Escuela de Teatro- gracias a la cesión de las instalaciones por parte del Ayuntamiento.

Ahora habrá que esperar a conocer la decisión que adopte la titular del juzgado de primera instancia número 4.