La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, apeló hoy a la unidad y el consenso en las políticas contra la violencia de género para evitar los “fuertes riesgos de desaceleración o retroceso” que puede crear el COVID pese a los avances del Pacto de Estado, y defendió el modelo en la Comunidad de ‘Objetivo Violencia Cero’ y la “robustez” de los servicios sociales autonómicos.

En su comparecencia en la Cámara Alta ante la Comisión Especial de Seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las Estrategias contra la Violencia de Género, Blanco explicó que Castilla y León contaba con la primera ley de Violencia de género cuando en 2018 se ponen en marcha las medidas del Pacto de Estado.

A preguntas de algunas senadoras, Blanco expresó la preocupación por el aumento de violencia machista ente los jóvenes y mayores en el mundo rural y por que las mujeres ratifiquen las denuncias, ya que las víctimas no habían denunciado, por lo que abogó por incidir en esas líneas de trabajo.

Tras manifestar que van a revisar la ley de violencia de género, sostuvo que el modelo “Objetivo Violencia Cero” y la financiación procedente del Pacto de Estado ha permitido consolidar el “compromiso de la Junta de Castilla y León con las políticas públicas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.

Así, detalló que su departamento ha ejecutado los fondos provenientes del Pacto de Estado, 7,5 millones en 2018 y 7,4 en 2019, que han contado con 600 profesionales y han atendido a 2.789 mujeres.

La consejera afirmó que antes del 14 de marzo se elaboraron planes de contingencia y se dieron continuidad a todas las prestaciones para evitar “retrocesos en los avances”, a la vez que detalló el Proyecto Mujeres Atrapadas, creado ante las nuevas necesidades detectadas durante el período de alarma.

El proyecto Atrapadas no tiene como destinatarias a todas las mujeres prostituidas o víctimas de trata con fines de explotación sexual, sino sólo a aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular, explicó Blanco, que precisó que ello obedece a la singularidad de la ley autonómica de violencia de género que incluye a estas mujeres como víctimas de violencia de género y cuentan con los recursos de la red.

A este proyecto se han destinado 200.000 euros de fondos propios, con un escenario temporal que finalizó el día 14 de septiembre, si bien se tramita una subvención directa de 137.500 euros con cargo al Pacto de Estado de 2020, explicó Blanco, que especificó que se han atendido a más de 900 mujeres y realizado 8.400 intervenciones, siendo la más numerosa las de ayudas de alimentos, seguida de la ayuda de productos de higiene personal y el apoyo psicológico.

Blanco añadió que las actuaciones en el futuro inmediato deben ir dirigidas a ayudar a superar estas situaciones de vulnerabilidad generadas por la situación de crisis sanitaria y evitar que el regreso de las mujeres a la actividad laboral se produzca en condiciones de mayor precariedad tras el estado de alarma.

Igualmente, se refirió a que al finalizar el estado de alarma la ocupación en los centros y casas de acogida estaba por debajo del 50 por ciento, afirmó que se creó un sistema de monitoreo que ha permitido recabar información diaria de los recursos y servicios y concluyó que no ha habido contagio de los profesionales.

Macroencuesta

“El Pacto nos ha permitido mejorar en el objetivo de la prevención y atención integral”, sostuvo, para destacar que el modelo se sienta también en la formación de profesionales y reseñar que en el año 2019 los profesionales formados en esta materia en Castilla y León han sido 5.534.

Por otro lado, reflejó que la Macroencuesta, que la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género hizo pública el 10 de septiembre, sitúa a Castilla y León por debajo de la media nacional en los distintos tipos de violencia contra la mujer. “Estos resultados nos motivan a seguir desarrollando políticas públicas de prevención y atención”, indicó.

También, explicó que el Servicio de asesoramiento a las víctimas de violencia de género se ha reforzado con los programas de atención profesional dirigido a mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, de atención profesional dirigido a huérfanos menores de edad y personas dependientes de las mujeres fallecidas por violencia de género.

Tras indicar que a fecha actual no hay ninguna persona en aislamiento y están operativos para ingresos todos los centros, se refirió a la educación en igualdad que ha contado con 240.000 euros a través de los convenios con las universidades e incidió en la salida laboral para garantizar la autonomía de estas mujeres con una subvención de 728.500 euros entre 2020-2021 a los agentes económicos y sociales para la promoción de la igualdad.

Finalmente, concluyó que en 012 no se ha registrado un incremento de llamadas durante estos meses de pandemia de COVID, con un 55,6 por ciento de llamadas de información general de la mujer, 28,2 por ciento de atención psicológica y un 16,63 por ciento de asesoramiento jurídico.