Las autorizaciones ambientales concedidas en Castilla y León durante el año 2020 se redujeron más de la mitad con respecto al año precedente, y marcaron el mínimo del último lustro con 27, frente al máximo de 59 autorizaciones tramitadas en el año 2016 y las 56 de 2019, las 48 de 2018 y las 40 de 2017, que hasta ahora marcaba el mínimo de los últimos años.

De hecho, las 27 autorizaciones concedidas en 2020 suponen el número más bajo desde las también 27 tramitadas en 2013 y solo superan las 25 de 2012 en la relación de autorizaciones ambientales concedidas en los últimos 15 años, tal y como muestra la tabla de datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a la que ha tenido acceso Ical.

La mayoría de estas autorizaciones ambientales tramitadas se refirieron a instalaciones ganaderas de aves y porcino, que supusieron el 81,5 por ciento de las tramitaciones con 22 de las 27 totales. En segundo lugar, con el 11 por ciento, se situaron las instalaciones para la gestión de residuos, mientras que también se tramitaron favorablemente autorizaciones ambientales para una instalación dedicada a la fabricación de productos químicos inorgánicos y para una infraestructura destinada a la fabricación de productos alimenticios o piensos. 

Por provincias, todas disminuyeron en cuanto al número de autorizaciones ambientales tramitadas salvo dos: León, que aumentó un 50 por ciento al pasar de las cuatro tramitaciones realizadas en 2019 a las seis del pasado año; y Soria, que con las ocho autorizaciones concedidas en 2020 mantuvo el número con respecto a 2019 y, además, se situó como la provincia con mayor número de autorizaciones ambientales de la Comunidad.

En todos los demás territorios de Castilla y León, las autorizaciones ambientales tramitadas cayeron, hasta el punto de que en Ávila y Palencia no se concedió ninguna, por las cinco y tres del año anterior, y en Burgos, Valladolid y Zamora solo una frente a las siete, ocho y tres tramitaciones realizadas en 2019.

Inspecciones

También disminuyeron en 2020 las inspecciones ambientales realizadas a las actividades e instalaciones sujetas a autorización ambiental de la Comunidad, tal y como refleja el último informe anual del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, puesto que de las 114 de 2019 se pasó a las 73 realizadas el pasado año, un 36 por ciento menos. La principal causa fue la importante caída en el número de este tipo de inspecciones realizadas por los servicios territoriales de Medio Ambiente de la Junta en cada provincia, debido a las restricciones covid, que cayeron más de un 58 por ciento desde las 74 de 2019 a las 31 de 2020, siendo Salamanca la única que registró un aumento.

Por el contrario, las inspecciones ambientales realizadas por los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León aumentaron un cinco por ciento, pasando de las 40 llevadas a cabo en 2019 a las 42 de 2020, con incrementos importantes en Burgos (de 7 a 12) y Segovia (de 3 a 11).

Por último, y en relación a las declaraciones de impacto ambiental (DIA), el total de las realizadas en la Comunidad también disminuyó un 36 por ciento y de las 89 llevadas a cabo en 2019, se acabó pasando a las 57 elaboradas en 2020. Eso sí, nuevamente la caída vino marcada por las DIA realizadas en las delegaciones territoriales, que bajaron un 57 por ciento desde las 70 de 2019 a las 30 de 2020. Por el contrario, las declaraciones elaboradas por la propia Consejería sí aumentaron nada menos que un 42 por ciento al pasar de 19 a 27.