Los consejeros de la Junta de Castilla y León comparecerán en las Cortes autonómicas durante el mes de septiembre, en el inicio del próximo periodo de sesiones, para explicar el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante los dos primeros años de legislatura.

Así lo anunció ayer, tras la celebración del Consejo de Gobierno, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, señalando su esperanza en que el calendario de comparecencias se publique «a la mayor brevedad» por parte del Parlamento autonómico para que todas las comparecencias se produzcan en septiembre.

Esta petición, remitida mediante un escrito al Parlamento por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, da cumplimiento a la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobada en la pasada legislatura.

La finalidad primordial de esa norma es consolidar el proceso de regeneración democrática, así como incrementar la transparencia en todas aquellas cuestiones que forman parte de la condición y del ejercicio de las funciones que se ejercen por los consejeros de la Junta de Castilla y León y sus equipos directivos.

También apuntó hacia las Cortes el vicepresidente autonómico para explicar el estado actual de tramitación del proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, que aseguró «ya está enviado» al Parlamento autonómico y que será ahí donde deban tramitarlo «a la mayor brevedad» con la esperanza de que «en este periodo de sesiones se pueda sacar adelante».

«Es una oportunidad de mejora en nuestra ordenación territorial y una apuesta por el consenso», aseguró Igea en declaraciones recogidas por Ical, recordando que las medidas se realizarán «desde abajo hacia arriba, contando con las diputaciones y los ayuntamientos», y que por ello la Junta espera «poder sacarlo adelante» en los próximos meses.

Ley de transparencia.

Por último, el vicepresidente de la Junta aseguró que, durante el Consejo de Gobierno se dio lectura de la aplicación de la Ley de Transparencia, de la que destacó el «elevado grado» de cumplimiento de la norma por parte de la administración autonómica, ya que el 75 por ciento de las reclamaciones del comisionado se realizaron a entidades locales.

Igea destacó asimismo que todas las entidades del sector público autonómico colaboraron en la aplicación de la Ley, mientras que dio un ‘tirón de orejas’ a los ayuntamientos de Palencia, León, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo por ser los cinco consistorios de las localidades de más de 20.000 habitantes que no han colaborado. «Es importante el compromiso de todas las administraciones en el cumplimiento de la Ley, porque una administración transparente es garantía de limpieza y eficiencia», manifestó Igea.