La jueza decana de Palencia, María Rosa Martínez López, calcula que, como pronto, la Justicia de la provincia volverá al estatus de antes de la declaración del estado de alarma dentro de un año y medio después de que esta  administración haya quedado paralizada a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

«Antes de la nueva situación el tapón ya era importante, especialmente después de que se instaurara la Oficina Judicial Única, pero en el último año habíamos comenzado a relanzar la actividad procesal. Sin embargo, el Covid-19 ha vuelto a trastocar de manera muy importante el trabajo de lo justiciable y esto supone un importante hándicap para los ciudadanos», reconocía en declaraciones a este periódico la decana, quien reitera que «se invierte poco en Justicia». 

Por ello, no solo solicita más refuerzos sino que recuerda que Palencia viene desde hace años pidiendo un juzgado más (hay siete de instrucción y primera instancia; dos de lo social, un juzgado de lo contencioso-administrativo, uno de lo Penal y otro de vigilancia penitenciaria, sin olvidar los dos juzgados de Cervera y el de Carrión, amén de la Audiencia Provincial). 

«El juzgado número 8 sería importante para dar salida al atasco que vamos a tener en esta provincia. Si el juzgado número 2 (designado por el CGPJ) lleva varios años dictaminando los casos de cláusulas suelo con cientos de procedimientos, además de los asuntos penales; tras volver a la normalidad al juzgado número 1, especializado en materia de concursos de acreedores y asuntos empresariales le espera una avalancha de casos, al igual que a los dos juzgados de lo social por las repercusiones laborales que ha tenido la pandemia. A esto hay que unir los asuntos de familia, que se han visto trastocados en este tiempo y sin olvidar que los abogados y procuradores llevan tres meses de paralización en la presentación y gestión de sus procedimientos. En definitiva, la carga de trabajo será inmensa a partir de junio», pormenoriza María Rosa Martínez López.

Hace un inciso la decana para valorar que «la ciudadanía, en líneas generales, ha demostrado mucha racionalidad, sobre todo las parejas afectadas por  la custodia compartida de los hijos. No ha sido fácil por las circunstancias descritas, pero lo han hecho bien».

La desescalada en Justicia se ha iniciado ya en la fase 1, que implica la vuelta al servicio del 30 o 40 por ciento de la plantilla tanto en los órganos judiciales y fiscalías como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta primera escala tendrá una duración de al menos una semana.

Después llegará la fase 2, llamada Preparación para la reactivación de los plazos procesales. En ella se prevé que el personal reincorporado ascienda al 60 o 70 por ciento en cada órgano o servicio, el trabajo de los funcionarios podrá distribuirse en turnos de mañana y tarde y tendrá una duración de al menos dos semanas. Durante la fase 3, con el nombre de Actividad ordinaria con plazos procesales activados, se contempla la vuelta al trabajo de la totalidad de la plantilla, mientras que la 4 comenzará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, permitiendo que se retome al funcionamiento ordinario de cada órgano. Ahora sólo falta por saber si será suficiente para dar salida a todo lo pendiente y a lo que vaya viniendo. 

«Yo tengo muy claro que a partir del 8 de junio, en calidad de titular del juzgado número 4, exigiré que los detenidos pasen a disposición judicial en mi presencia; no sé qué harán el resto de mis compañeros, y comenzaré a fijar juicios aunque yo no soy partidaria de hacer vistas de manera telemática. El resto no sé si optará por este sistema».

carta al ministro. Hay que recordar que a comienzos de mes Rosa Martínez López acudió a los medios de comunicación con una carta dirigida al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En la misiva, la también titular del juzgado de primera instancia e instrucción 4 exponía que «como el resto de mis compañeros, desde que se decretó el estado de alarma, que supuso una total paralización de la administración de justicia» con el fin de frenar la epidemia del coronavirus, con la suspensión tanto de plazos procesales, «como miles de vistas y juicios orales, he venido desempeñando confinada mi actividad laboral mediante el teletrabajo» y se planteaba distintas cuestiones ante las previsiones de la desescalada. 

Así, se preguntaba cómo es posible que a partir del 4 de mayo cualquier ciudadano pueda ir a una peluquería o centro de estética «y, por el contrario, no pueda ver solventado su conflicto o asunto judicial». 

«Permítame seguir trabajando -proseguía la magistrada- porque no entiendo por qué tengo que esperar a que el 100% de los funcionarios estén en sus puestos de trabajo (ya entrado junio) para convocar a juicio, para dar solución a los miles de conflictos que todavía están pendientes de mi decisión. Comprendo que la reanudación de la actividad judicial ha de ser progresiva».