La empresa Contenedores Castro reclama al Ayuntamiento en el juzgado Contencioso-Administrativo el pago de 292.070 euros, más los correspondientes intereses de demora, por el servicio de recogida de papel y cartón que prestó a la ciudad entre el 1 de diciembre de 2019 y principios de septiembre del año pasado.
Los hechos que han desencadenado esta demanda judicial arrancan el 1 de diciembre de 2019, cuando la anterior adjudicataria del servicio de recogida de papel y cartón, Gerepal Alipio Antolín, decide, tal y como había avisado al Ayuntamiento, dejar de prestar el servicio una vez completado su contrato. En solo unos días, los contenedores lucen rebosados y la ciudad se llena de papeles y cartones sin recoger, lo que hace que el Consistorio contrate de forma provisional y urgente a Contenedores Castro para devolver a la ciudad su ornato.
En plena pandemia y con las limitaciones del estado de alarma, Castro desarrolla su servicio. Aunque el 4 de agosto de 2020, el Ayuntamiento adjudica a Urbaser el nuevo contrato después de sacarlo a concurso público, se ve obligada a seguir recogiendo el papel y el cartón hasta septiembre.
En esos nueve meses y medio, Contenedores Castro registra en el Ayuntamiento un total de 18 facturas, por importes que van desde los 14.000 hasta los 19.000 euros, y que suman un total de 292.070 euros. El 7 de septiembre, la firma envía un escrito reclamando al Ayuntamiento el pago de los servicios prestados y avisando de que sin cobrar por su trabajo no puede seguir recogiendo el papel y el cartón y que, por lo tanto, el 11 de septiembre se retirará de las calles de la capital.
En octubre de 2020, Contenedores Castro recibe un correo electrónico en el que se dice que sus facturas han sido rechazadas porque el importe facturado no coincide con la oferta que presentó al Ayuntamiento en noviembre de 2019, según un informe del ingeniero industrial municipal.
PLENO. Esta es la postura que tanto el concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Marcos, como el alcalde, Mario Simón, expresaron durante el pleno celebrado la semana pasada. En él se aprobó una modificación presupuestaria para cubrir una indemnización de 157.280 euros a petición de la concejalía, y que se suma a otra aprobada en la sesión anterior por 250.938 euros.
Es el grupo municipal del PSOE, que llevó a la Fiscalía una petición para que investigase si esta contratación se ajustaba a derecho que finalmente fue archivada, quien informó también de que el Ayuntamiento ya ha contratado un abogado por 3.500 euros para que defienda los intereses municipales en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo frente a la reclamación de la empresa.
A la exigencia de información, el edil de Medio Ambiente contestó que desde un principio dijo que «Contenedores Castro iba a prestar el servicio en las mismas condiciones que la empresa anterior». «Eso no se ha cumplido porque el trabajo no ha sido el correcto. Desde Medio Ambiente, como la empresa nos presentaba unas facturas que no reflejaban la cantidad acordada, se decidió, hablando con la empresa e intentado llegar a un acuerdo, no pagar los servicios». «Habrá que pagar lo que estaba acordado y el resto tendrá que decidirlo el juez», sentenció Juan Antonio Marcos.
Tras la petición por parte de Vox de que se arroje luz sobre este «agujero negro en la gestión», el alcalde, Mario Simón, recalcó que «una factura, si no cuenta con la conformidad de los departamentos técnicos, no se puede atender. Ese es el motivo por el que no se ha procedido al pago».
Castro, por su parte, asegura que en cada factura «consta perfectamente desglosado cada uno de los conceptos pactados y su coste y precio, conforme a la oferta presentada y que fue aceptada por el Ayuntamiento». Además, recuerda que en 9 meses y medio nadie le hizo objeción alguna.