La pandemia de la covid-19 contrae la inversión en infraestructuras del Estado, con un descenso del 15,12 por ciento en el primer semestre del año, periodo marcado entre marzo y junio por la declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos administrativos. En total, el desembolso se situó en casi 250 millones de euros para actuaciones en carreteras, ferrocarriles y también aéreas de Castilla y León.

La apuesta por las obras públicas sufre variaciones en este año en diferentes áreas, con aumentos en el ferrocarril convencional y rebajas en el impulso del AVE, tras más de 15 años de inversiones millonarias ahora que se acerca el fin de los trabajos, tanto en el corredor hacia Galicia por Zamora, Asturias por León a través de la Variante de Pajares o hacia Burgos.  

Así lo refleja el informe al que tuvo acceso Ical que acaba de elaborar la Intervención General del Estado y que examina la inversión territorializada de los ministerios, sus organismos autónomos, empresas públicas, entidades y fundaciones durante el primer semestre de 2020, ejercicio en el que el Gobierno gestionó, por segundo año, la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018, que a partir de 2021 podría tener sustituto.  

El giro hacia el ferrocarril convencional parece confirmarse en la primera mitad de este ejercicio, con un 15 por ciento más que hace un año para Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), hasta los 16,88 millones, frente a los 14,67 millones de hace un año. También se disparó la inversión del Grupo Renfe, encargada de la explotación del servicio, con más de seis millones, lo que supone un 51,5 por ciento más que el pasado año cuando rozó los cuatro millones.  

Todo se produce mientras los fondos gestionados para infraestructuras por Adif Alta Velocidad, vinculados con el AVE o las nuevas estaciones, cayeron un 12,5 por ciento hasta los 126,7 millones, frente a los casi 145 millones del primer semestre de 2019. En conjunto, las inversiones puramente ferroviarias alcanzaron los 149,6 millones, frente a los 163,6 millones de 2019.

Igualmente, descendió un 53 por ciento la partida que gestionó la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), hasta situarse su inversión en Castilla y León 10,8 millones, frente a los 23 de hace un año. De la misma forma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes Fomento, movilizó en total 88,8 millones en inversiones para la Comunidad, un 16,4 por ciento menos que en el primer semestre de 2019.

Además, el Grupo Enaire movilizó en el primer semestre 533.772,03 euros, un 59,7 por ciento menos que un año antes. Todo deja un balance inversor en infraestructuras en Castilla y León de Transportes y sus empresas públicas de 249,8 millones, frente a los 294 millones que dejó la apuesta del Gobierno por estas obras en 2019.  

Ranking

Castilla y León fue en el primer semestre de este año la cuarta autonomía con más inversión territorializada de la Administración General del Estado, por detrás de la Comunidad de Madrid que se alzó con la primer posición y 416,15 millones, un 24,8 por ciento más que un año antes. Le siguió en segundo lugar Cataluña, con un 403,6 millones, un 40,3 por ciento más, y Galicia, con 334,7 millones, un 15,88 por ciento. No obstante, la no regionalizable se situó en los 442,4 millones.  

La Comunidad sumó 293,9 millones de los que 249 dependieron del departamento de José Luis Ábalos. En conjunto la inversión del Estado en Castilla y León se redujo un 13,11 por ciento, puesto que un año antes fue de 338,2 millones. Los fondos procedentes de los ministerios se situaron en los 103,9 millones, un 16,43 por ciento menos, mientras los organismos autónomos aportaron 15,08 millones, un 11,95 por ciento menos, y el sector público administrativo, 711.023 euros, un 48,1 por ciento más. La mayor partida correspondió a empresas y fundaciones, con 174,1 millones, un 11,25 por cierno menos.  

Finalmente, la ejecución de inversiones reales alcanza en el conjunto del estado los 3.429 millones, un 8,74 por ciento más, de acuerdo al informe hecho por la Intervención. De esta cantidad, 1.981 corresponden a empresas y fundaciones, con una subida del 22,8 por ciento; 1.184 a los ministerios, con un 7,5 por ciento menos; 252 millones a los organismos autónomos, y 10,1 millones al sector púbico administrativo.