La sostenibilidad del sistema de pensiones seguirá siendo un quebradero de cabeza para el próximo gobierno que salga de las urnas el 28 de abril y requerirá de fuertes dosis de debate y consenso entre todas las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo. La situación laboral ha mejorado pero las autonomías más afectadas por la despoblación y el envejecimiento, como Castilla y León, siguen agravando su situación deficitaria y requieren cada vez más de la solidaridad territorial. La Seguridad Social cerró el año pasado sus cuentas con un déficit en la Comunidad, de más de 3.500 millones de euros, con un aumento del 5,6 por ciento respecto al año anterior.

Los datos provisionales de cierre de ingresos y gastos, comparados por Ical, revelan que las cotizaciones ascendieron en Castilla y León el año pasado a 3.945,52 millones de euros, con un aumento del 3,42 por ciento respecto a 2017, auspiciado por el crecimiento de afiliados en 13.909 personas, hasta los 915.566 registrados a finales de año.

Sin embargo, esta mejora en el empleo y las cotizaciones no fue suficiente para compensar el crecimiento del gasto, que se situó en los 7.476 millones, un 4,4 por ciento más que en 2017. Las mejoras en pensiones y el crecimiento de casi 3.000 nuevos pensionistas, hasta 613.669 en diciembre de 2018, estuvieron detrás de la importante subida del desembolso en prestaciones.

Los datos son tozudos. Cada afiliado a la Seguridad Social ingresó al sistema 4.310 euros de media el año pasado, una cifra que debería alcanzar los 8.165 para poder equilibrar las cotizaciones de trabajadores con el gasto en pensiones. O lo que es lo mismo, cada ocupado debería elevar sus cotizaciones a la Seguridad Social en casi 4.000 euros para que el sistema compensatorio funcionara entre mercado laboral y pensiones, según informa Ical.

sistema solidario. Los secretarios autónomicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, recalcaron que la Comunidad es la más interesada en defender el sistema público de pensiones, basado en la solidaridad territorial e intergeneracional, porque es altamente deficitaria por su baja población activa unida a la despoblación y el envejecimiento.

Vicente Andrés recordó que Castilla y León es perceptora neta del sistema por lo que «somos los más interesados en mantenerlo» y denunció la «gran oportunidad» que se perdió en el Pacto de Toledo para acabar con «gran parte» de la reforma unilateral del PP de 2013.

Temprano remarcó que Castilla y León requiere de la solidaridad para poder hacer frente a los pagos del sistema de pensiones, por lo que «el principio de caja única de la Seguridad Social es irrenunciable».