«Una bajada generalizada de impuestos condenaría al país»

ALBERTO ABASCAL
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Unai Sordo Calvo (Baracaldo, 1972) lleva las riendas del sindicato CCOO desde el 30 de junio de 2017. Recaló en Palencia para arengar a los afiliados y delegados para revertir algunas de las reformas que están generando desigualdad

«Una bajada generalizada de impuestos condenaría al país» - Foto: Á“scar Navarro

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, subraya que los trabajadores se jugarán su futuro el próximo 28 de abril  y  reitera que hace falta reconstruir lo que denomina un contrato social que haga una España más justa y más cohesionada. Los secretarios generales de Castilla y León y Palencia, Vicente Andrés Granado y Luis González Rodríguez, respectivamente, le escoltaron en su visita por Palencia.
Ha visitado Palencia.¿Qué mensaje ha querido transmitir a los afiliados y delegados de Comisiones Obreras en la provincia?
Sobre todo, el mensaje de que hay que seguir organizando a la gente en el conglomerado empresarial. Hay que mejorar la presencia del sindicato en las empresas, recuperar los salarios y seguir poniendo el foco en la negociación colectiva. Además, he insistido en que hay que mejorar la correlación de fuerzas de los trabajadores ante unos años venideros que si no alcanzamos dicha correlación de fuerzas social, laboral, sindical y política será más difícil revertir algunas de las reformas que están generando desigualdad. Asimismo, hay que poner encima de la mesa otra serie de medidas que nos sirvan para hacer frente al futuro. Bajo este prisma, por ejemplo, no se trata de derogar la reforma laboral para volver a la legislación del año 2007. No es exactamente eso; se trata de derogar por elevación para hacer un modelo más práctico, más justo y más inclusivo. Por otro lado, estamos viendo de manera muy nítida que la diferencia de derechos laborales en las empresas donde hay sindicatos y donde no los hay cada vez es mayor.
Nos encontramos en pleno proceso electoral y el Gobierno actual ha aprobado durante los últimos viernes distintos decretos.  Para la clase trabajadora, ¿cómo los contempla y valora usted?
Necesitamos que de estas elecciones que vamos a vivir próximamente salga un Gobierno que tenga la voluntad de cambiar lo que han sido políticas que han generado mucha desigualdad en España. Llevamos cuatro años creciendo en términos macroeconómicos; tenemos más renta como país que antes de la crisis pero hay muchísimos salarios muy bajos y enorme precariedad, sin olvidar que las tasas de desigualdad se han incrementado de una manera muy importante. En nuestra opinión, esto es producto de una serie de reformas adoptadas a lo largo de la crisis que convendría corregir cuanto antes, como las reformas laboral, fiscal y de las pensiones. Necesitaríamos no solo un Gobierno sino una mayoría parlamentaria que pueda tomar medidas para reconstruir lo que denominamos como un contrato social que haga una España más justa y más cohesionada.
Y, a su juicio, dependiendo de los resultados electorales, ¿qué proyección hace usted para este país como máximo responsable de Comisiones Obreras?
Habrá que verlo porque parece que no va a ver mayorías parlamentarias muy claras y, por este motivo,  no parece que se vaya a conformar un Gobierno fuerte a priori. Dicho esto. sinceramente creo que necesitaríamos una estabilidad en el ejercicio de Gobierno. Llevamos prácticamente tres años y medio o casi cuatro años con gobiernos muy inestables. En realidad, lo que está en juego es si este país quiere avanzar para salir de la crisis económica con políticas de cohesión social, con políticas de redistribución social o con políticas de justicia social, o si España va a caer por la senda del liberalismo o ultraliberalismo económico que viene a decir que cuanto menos interviene el Estado mejor, que hay que reducir los impuestos y, por lo tanto, deteriorar los servicios y la inversión pública. De hecho, se están planteando en algunos foros económicos de los partidos de la derecha casi la necesidad de hacer un paraíso fiscal en España, con una generalizada bajada de impuestos. Hay que recordar que España soporta una presión fiscal ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Si alguien está planteando una bajada generalizada de impuestos va a condenar a este país a un deterioro progresivo de sus servicios públicos y sociales; de sus pensiones y de su capacidad de infraestructuras y desarrollo y, por lo tanto, los ciudadanos, especialmente los trabajadores, lo tienen que tener esto en cuenta. Por lo demás, yo estoy un tanto perplejo ante los discursos que estoy escuchando en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Estamos percibiendo un discurso reaccionario en algunas materias de libertades públicas sobre el modelo de Estado de España y lo que tenemos que hacer realmente es mirar para el futuro y no para el pasado.
Últimamente se habla mucho en el ámbito político y social de las pensiones. ¿Realmente hay futuro para las pensiones?
Claro que hay solución. Lo que tenemos que hacer como país es decidir qué parte de la renta que generamos la dedicamos a pagar pensiones. Si España está dispuesta a pagar en las dos próximas décadas y media lo mismo que hoy en día están pagando Francia o Italia, el sistema es perfectamente viable. Lo que pasa es que hay que decidir en cada momento cómo se financia y, por eso, pensamos que hay que hacer dos cosas en el corto plazo. Por un lado, derogar la reforma de las pensiones del año 2013, ya que como consecuencia de la misma es la caída de las futuras pensiones, indiscutiblemente, y más con el aumento de la esperanza de vida de la población de este país; y la otra tiene que ver con mejorar los ingresos del sistema público de pensiones y esto es perfectamente posible. Se ha hecho ya alguna cosa como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que repercutirá en una mejora de los ingresos para pensiones. La subida de las bases máximas de cotización repercutirá en una mejora de ingresos pero sigue habiendo un déficit de 18.000 millones de euros que hay que compensar. En este sentido, hay que modificar cómo se cotiza en el régimen de autónomos; y derivar gastos que hoy en día está soportando la Seguridad Social y que no le corresponde, ya que deberían depender de los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, desde Comisiones Obreras entendemos que hay que aclarar democráticamente cómo se financian las pensiones, que a nuestro juicio debe ser básicamente a través de cotizaciones sociales y cuando no alcancen compensarlas con los Presupuestos Generales del Estado.
Socialmente ha resurgido de nuevo el debate de lo que se denomina la España vacía o vaciada, y Palencia. como otras provincias de la región, lamentablemente se encuentra dentro de ese grupo. ¿A su modo de ver, ¿qué futuro le aguarda a los trabajadores de estas zonas del país?

En nuestra opinión, la España vacía o vaciada no es una causa, es una consecuencia de una falta de desarrollo económico en partes muy importantes de este país. No se producen oportunidades de empleo, por lo tanto, la gente acaba migrando a otros lugares. En mi opinión, se debería afrontar un programa que tiene ser a largo plazo porque afecta a muchas políticas de forma transversal de desarrollo económico o de atracción de inversiones a estos territorios. Todo ello  pasa por una mejora de sus infraestructuras y una garantía al acceso de los derechos sociales y de servicios públicos suficientes. No puede ser que la gente que viva en determinadas partes del país prácticamente no tenga un acceso relativamente cercano a la sanidad, educación o la atención a la dependencia, y esto exige tanto medidas desde lo público pero también inversiones desde el ámbito privado. Creo que exige una cierta reconfiguración en el marco competencial español, ya que somos un territorio relativamente grande, con un entorno rural a veces muy diseminado y donde el trabajo de las comunidades autónomas, de las provincias e incluso de la Unión Europea tienen que estar coordinados para generar sinergias y no desperdiciar recursos. Son muchas cosas que requeriría una política estratégica de país y que no se resolverá ni en seis meses ni en un año. Y es complicado porque todo lo que exige movilizar recursos privados para favorecer la inversión no se hace por decreto ley, sino que se alcanza incentivando muchas medidas a la vez. No es una solución sencilla, pero que debemos abordar porque estamos hablando de territorios que representan el 70 por ciento de la superficie de este país donde hay muy poca población, ya que cada vez se concentra más en las grandes capitales.
En Palencia, dependemos básicamente de los sectores de la automoción y del agroalimentario. ¿Eso es bueno o contraproducente?
Son dos sectores que son capaces de generar empleo de manera indiscutible y que son muy importantes en el global del tejido productivo en España, pero, como todos los sectores, se encuentran dentro de un proceso de transformación muy importante y, en este sentido, aquí hay que coger las cosas con antelación y saber cómo van a evolucionar, qué nuevas demandas de movilidad habrá, ya no solo en España, sino en Europa o en el mundo desarrollado. España tiene que ganar autonomía en su política industrial, porque creo que este país ha perdido la capacidad de tener industria propia. Somos muy dependientes de las decisiones de las empresas multinacionales que han sacado todos sus focos de decisión fuera de España pero, en este sentido, la acción sindical es muy determinante y creo que somos una parte esencial para que, por ejemplo, el sector de la automoción esté generando empleo en España. Debemos incentivar la formación de cualificación permanente e impulsar políticas públicas para que las olas nos pasen por encima, lo que permitirá que estos sectores y otros sigan generando empleo en este país, empleo que tiene que ser de calidad y muy útiles para que territorios como Palencia tengan un polo de desarrollo.
Por cierto, ¿tanto perjuicio causa para el sistema económico de este país el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?
Hemos visto que hemos recuperado los 19 millones de cotizantes en la Seguridad Social y poco se habla de ello. Aquí se ha lanzado un mensaje catastrofista sobre el SMI que tiene que ver con la batalla política. La economía española se podía permitir y era perfectamente viable un salario de 900 euros y la evolución del empleo en los tres últimos meses así lo demuestra. Y no solo se lo podía permitir sino que era absolutamente necesario, ya que la devaluación salarial en los últimos ocho años se ha centrado sobre todo en los salarios más bajos. De hecho, en el 20 por ciento de las personas que menos gana es donde los salarios más han caído producto de las reformas laborales y, por lo tanto, hacía falta subir esas cuantías mínimas interprofesionales. Por último, aquí hay muchos que montan escándalo por montarlo. Con el Gobierno del Partido Popular habíamos acordado subir el SMI hasta los 850 euros aunque yo prefería que estuviera en los 900 euros, y con las patronales hemos firmado en junio del pasado año un salario mínimo de convenio no de 900 euros sino de 1.000 euros. Si era tan catastrófico subir el SMI hasta los 900 euros, ¿porqué las patronales firman subirlo hasta los 1.000 en los convenios? Pues porque no era tan catastrófico, ya que es de justicia social y también porque es una medida de eficacia económica. España está creciendo ahora mismo más que la media europea, entre otras cosas porque ha recuperado una parte de la demanda interna por la vía de la mejora de los salarios. Lo que pasa es que cuando algo se mete en la batidora del debate político se acaba un poco la racionalidad. Yo creo, en definitiva, que era una medida que necesitábamos.
¿Y las empresas están aplicando ya el incremento del SMI?
Estamos detectando que hay empresas que no lo están aplicando. De hecho, los empresarios o están buscando incrementar las jornadas de manera que el incremento salarial vaya acompañado de un aumento de la jornada y, por lo tanto, todo queda igual; o se absorben pluses para que, al final, el resultado de la nómina sea el mismo que antes de aprobarse la subida del SMI. Por este motivo, vamos a instar a todos los trabajadores que estén en esos salarios tan bajitos para que se dirijan al sindicato para asegurarnos de que les están pagando correctamente y, si no es así, para emprender una campaña de acción sindical al objeto de garantizar que nadie está por debajo de los 900 euros y en los convenios colectivos que nadie tampoco esté por debajo de los 1.000 euros de salario mensual.
Usted dijo en alguna ocasión que en España tenía que haber un día sin sindicatos. ¿Nos podemos imaginar este país sin la acción de las fuerzas sindicales?
La frase viene determinada en una entrevista como la función de los sindicatos, que, a veces, permanecen invisibles. Yo hacía esta reflexión: Al final se sabría el efecto de que haya un sindicato el día que llegara sin haber sindicatos. Aquellos  logros laborales y sociales que consiguen los sindicatos desaparecerían de un día para otro y entonces veríamos qué pasa porque en este país sigue habiendo mucha gente que cree que los salarios o los convenios colectivos caen del cielo. Que las jornadas de trabajo aparecen como los hongos en el campo o que el sistema de pensiones existe porque sí. En este país hay muchos derechos adquiridos porque hay organizaciones sindicales que los han negociado, que los han acordado y porque, además, en nuestro modelo de relaciones laborales se da una circunstancia que no se da en otros países y es aquello que negociamos los sindicatos en los convenios colectivos se aplica a todas las empresas y a todos los trabajadores de un sector, de una provincia o de un país entero, para personas que están afiliadas y para las que no lo están; es decir, el sindicato al final se ha convertido en una especie de productor de derechos que son casi como si vinieran de una ley, son derechos de aplicación universal. Si desaparecieran los convenios colectivos mañana, en teoría, los empresarios no tendrían más obligación que pagar el Salario Mínimo Interprofesional. A veces se da tan por sentado que los derechos que hemos conseguido están ahí que no se ponen en valor. La ciudadanía española no es consciente de todo esto porque creo que España no ha tratado suficientemente bien el papel que desempeñan las organizaciones sindicales; no se les ha puesto suficientemente en valor. De hecho, el modelo social y laboral español no se entiende sin la participación de Comisiones Obreras y UGT.
Abundando en este aspecto, hay quien afirma que el sindicalismo está en crisis...
Yo creo que la sociedad ha cambiado tanto en los últimos diez años que ha afectado a todos los marcos de organización de la gente o institucionales, de representación; hay una crisis de representatividad en nuestras sociedades y esto es así. Es evidentemente que el sindicato tiene que legitimarse continuamente porque nuestra legitimidad no parte solo de lo que la Constitución nos manda hacer a través del artículo 7 sino de ser capaces de ser útiles a un modelo de empresas o en un modelo de sociedad que es radicalmente distinto al que había hace 30 años. Esta situación te genera una necesidad de adaptación permanente y en esto es lo que está el sindicato, aunque nosotros hemos sabido adaptarnos. Yo creo que en España hay una crisis de legitimidades en general en todo lo que suena a organizado, pero también relativizaría cuando se habla de la supuesta crisis sindical. Comisiones Obreras tiene un millón de afiliados y afiliadas, somos una organización con 96.000 delegados y delegadas elegidas en las empresas. A modo de ejemplo gráfico, tenemos más afiliados que todos los socios de los clubes de fútbol juntos y más delegados y delegadas en las empresas que todos los concejales de todos los partidos en toda España juntos. Por lo tanto, debemos descontextualizar bien esta supuesta crisis sindical.
Hablando de crisis, el Brexit, las políticas proteccionistas de Donald Trump o las migraciones...¿Estamos sumidos en un mar de incertidumbres o esto es pasajero?
Es un poco la continuidad de lo que estaba diciendo. Estas crisis que se han generado de legitimidades o de los sistemas democráticos yo creo que tienen que ver con la creciente desigualdad que ha habido, que actúa como un corrosivo de las democracias y, por otro lado, el proceso de globalización económica no ha tenido un hermano siamés en un proceso de globalización política que haga que la economía esté más o menos ordenada por la política democrática. La economía se ha quitado las riendas de la política y la gente tiene muchísima incertidumbre y ante esto reacciona de formas múltiples; a veces en clave solidaria y en otras tiende a replegarse, a buscar un enemigo más débil, a buscar soluciones fáciles para problemas complejos. En algunos países del Este también se están planteando un mundo muy reaccionario y creo que esto es una parte de los riesgos que debemos afrontar de cara a las próximas elecciones europeas y que hay que tratar de corregir para reconstruir, lo vuelvo a reiterar, un contrato social.