La Diputación pondrá en marcha, tras su aprobación ayer en el pleno, un programa de tramitación de expedientes de ruina y órdenes de ejecución sobre inmueble en mal estado, lo que permitirá a la institución provincial ejecutar de forma subsidiaria tanto las obras que sean necesarias como el derribo.

El programa, que por ahora se pondrá en marcha a modo de prueba en cuatro o cinco ayuntamientos, cuenta con una partida económica de 30.000 euros, y permitirá a la institución provincial llegar hasta el final del proceso: la redacción  de los proyectos de arreglo o demolición, su ejecución y el cobro a los propietarios, según explicó ayer Adolfo Palacios, diputado responsable de Asistencia a Municipios.   

Cabe recordar que la ley obliga a los propietarios de inmuebles a conservar en condiciones de salubridad, ornato público y accesibilidad sus bienes, y que en caso de no ser así, el Ayuntamiento, debe garantizar que así se cumpla. 

«Hasta ahora, ante la solicitud de un ayuntamiento, la Diputación mandaba un arquitecto para valorar el bien y ver si había que demolerlo o actuar de forma parcial, por ejemplo, para consolidar una cornisa. El informe se comunicaba a los propietarios y al consistorio y el proceso se paraba en el plazo de alegaciones. A partir de ahora, la institución provincial podrá redactar el proyecto, demoler o realizar las obras e intentará recobrar esas cantidades a los propietarios», explicó Palacios, que precisó que serán los municipios de menos de 1.000 habitantes los que se podrán beneficiar de este servicio.

Los grupos aplaudieron con su voto a favor la iniciativa -el PSOE presentó una similar en 2016- , aunque Ganemos propuso al equipo de Gobierno de Ángeles Armisén que valore también la posibilidad de arreglar esas viviendas para destinarlas a un parque que permita repoblar los pueblos.