El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones rechazó hoy el proyecto de ley de la vivienda que prepara el Gobierno para intentar controlar el precio de los alquileres, al considerarlo una clara medida intervencionista que supondrá una merma de libertades, mientras que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, además de confesar que, ideológicamente es un “intervencionista convencido”, aseguró que se trata de una propuesta “interesante” para evitar la especulación que rodea al mercado del alquiler.

Suárez-Quiñones y Puente coincidieron esta mañana en una visita a las obras de rehabilitación del edificio Puente Colgante (antiguas viviendas de la Guardia Civil), donde la Junta, tras una inversión de 6,3 millones de euros, ubicará 63 viviendas destinas a incrementar el parque público de alquiler.

El consejero de Fomento criticó que en lugar de presentar un texto con una propuesta concreta y seria que se pueda examinar, el Gobierno lance un flash. “La música no nos suena nada bien, nos suena a intervencionismo y a merma de la libertad. Parece que los arrendatarios son los ricos y que hay que ayudar a los pobres”, indicó.

Suárez-Quiñones afirmó que las políticas deben ir por la vía de la incentivación, con apoyos como  los parques públicos y ayudas al alquiler, que es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León, para dar seguridad a los propietarios. En este sentido, indicó que gracias a las ayudas del alquiler de su departamento el mercado en la Comunidad no tiene unos precios disparatados.

Al mismo tiempo, el consejero recordó que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, por lo que en la propuesta del Gobierno puede existir un “conflicto de inconstitucionalidad”.

Por su parte, Puente indicó que toda medida que contribuya a garantizar el cumplimiento de un derecho básico, como es el acceso a la vivienda, es positiva. “Todos los poderes públicos deberíamos estar concienciados de la necesidad de garantizar un derecho del que depende la felicidad de las personas”, afirmó.

Puente también explicó que nunca se había intentado controlar los precios por la vía de evitar la especulación. “Me parece loable y hay que buscar las fórmulas que se adapten a la legalidad y que respeten los derechos de los propietarios. No está demás que se ponga encima de la mesa la necesidad de que la vivienda no se convierta en un negocio especulativo al entroncar con los derechos esenciales de la ciudadanía”, indicó.