El Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno de las Cortes, previsto para los días 1 y 2 de septiembre, el cierre de los prostíbulos y clubes de alterne de la Comunidad durante esta pandemia para evitar la expansión de los contagios y para proteger a las mujeres en situación más vulnerables.

Durante una rueda de prensa, la secretaria general del grupo parlamentario, Patricia Gómez, y la coordinadora de Familia e Igualdad, Nuria Rubio, enmarcaron la proposición no de ley, que se debatirá y votará la próxima semana, en la responsabilidad con la salud pública y la convicción para proteger a las personas más vulnerables.

El cierre de estos locales, unos 300 en Castilla y León conforme a datos de 2018, durante esta situación de emergencia sanitaria y social sería el primer paso para acabar con la explotación sexual y la prostitución, aseguró Nuria Rubio. «La prostitución es el rostro más cruel de la feminización de la pobreza», sentenció la procuradora.

Ambas parlamentarias criticaron la «inacción» y que la Junta «mire para otro lado» cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha planteado el cierre de estos locales y terminar con la prostitución de las mujeres, ya que el 90 por ciento de ellas no la ejerce de manera voluntaria y el 60 lo hace por no tener otro recurso, precisó Rubio.

Por su parte, Patricia Gómez afeó al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que dijera primero que no existe cuando «es obvio donde se encuentran los clubes» y que después manifestara que su situación es alegal al no estar registrados en esa actividad, sino como hoteles, hostales u otras categorías.

Gómez defendió la posibilidad de que la Junta regule su cierre como han hecho Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana entre las medidas adoptadas para el control del virus.

Una vez cerrados estos locales, con independencia de cómo estén inscritos, sería la Junta quien tendría que proteger a estas mujeres y ofrecerlas una alternativa, señaló Patricia Gómez.

Precisamente, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció el pasado lunes una vigilancia e inspección rigurosa de los establecimientos en los que se ejerce la prostitución y señaló que, en caso de que fuera regulada por el Gobierno, se adoptarían las medidas en ese sentido.

Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informó que a través del proyecto ‘Atrapadas’ se ha prestado ayuda desde que comenzó la pandemia a 900 mujeres en situación administrativa irregular y especialmente «vulnerables».

Colaboración municipal.

En su propuesta de resolución, los socialistas instan a la Junta a adoptar las medidas necesarias para que se proceda al inmediato cese de la actividad de los clubes de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen, según informa Ical.

También pide que se recabe la colaboración de los ayuntamientos para determinar los lugares que ejerzan esta actividad, cuyo fin reclama el PSOE para avanzar en una sociedad más igualitaria.

El Grupo Socialista considera que el control y evolución de la pandemia es más difícil de seguir en los establecimientos en los que se ejerce la prostitución, sobre la que se declaran «abolicionistas».