El Ayuntamiento y la Diputación anunciaron ayer que el acuerdo para hacer frente a la ejecución de la sentencia de la calle Jardines pasará por el abono íntegro y en efectivo por parte de la ciudad de 26,8 millones de euros. Un pago que se financiará con el préstamo del Fondo Estatal de Financiación a Entidades Locales al que se adhirió el Consistorio en octubre pasado, lo que en la práctica supone que la ciudad se endeudará durante una década.

El mejor acuerdo que el Consistorio ha logrado arrancar a la institución provincial -el único que tiene «el aval de los servicios técnicos de ambas administraciones», afirman- incluye un todavía difuso compromiso de que nueve de esos 26,8 millones retornen al municipio a través de «un plan de carácter provincial del que también se pueda beneficiar la ciudad».

Ni el Ayuntamiento ni la Diputación ofrecieron ayer más detalles de en qué consistirá este plan, pero fuentes consultadas aseguraron a este periódico que la intención es que la institución provincial reparta ese dinero de forma retroactiva, entre inversiones ya ejecutadas en los últimos años. 

Es decir, ese dinero no se destinará a inversiones futuras -o al menos no de forma mayoritaria- sino a las ya ejecutadas. Tan rocambolesco acuerdo permitirá, o esa es la intención, que el Ayuntamiento disponga este mismo año de 9 millones de euros para amortizar una parte del préstamo solicitado al Gobierno de España.

La cifra, en todo caso, no es aleatoria y corresponde a los intereses generados desde que en 2007 la Comisión Territorial de Valoración fijó que las dos parcelas propiedad de la Diputación, de 18.100 metros cuadrados, situadas en la calle Jardines y que el Ayuntamiento necesitaba para completar el trazado de la misma y los equipamientos de la zona valían 17.431.778,32 euros. En total, cuatro prórrogas aprobadas por ambas instituciones en 2012, 2014, 2016 y 2018.

Respecto al destino que dará la Diputación a esos 17,4 millones de euros... tampoco lo ha dicho, pero parece ser que la idea es crear un fondo de patrimonio provincial del suelo.

¿y el convenio? En este punto, conviene recordar que el convenio al que las dos instituciones llegaron en 2010 consistía en que la Diputación cedía 38.287,23 metros cuadrados y el Ayuntamiento devolvía 18.113 convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada para que de su explotación la institución provincial obtuviese 19 millones de euros o, lo que es lo mismo, el precio que la Comisión de Valoración Territorial fijó por los solares más los intereses de dos años.

El Ayuntamiento, además, se quedaba con el viario de la calle Jardines y con las instalaciones deportivas de San Telmo. Además, adquiría el compromiso de construir una calle para separar la parte municipal de la provincial y para comunicar las de Tello Téllez de Meneses y París.

Aquel acuerdo no se pudo materializar, por lo que también quedan en el aire todavía cuestiones como el futuro de las instalaciones deportivas de San Telmo o la construcción de una calle. 

El Ayuntamiento sí recibirá un terreno que puede desarrollar urbanísticamente. De hecho, su intención es dedicarlo a la construcción de vivienda protegida. Fuentes municipales aseguraron ayer que la intención del equipo de Gobierno de Mario Simón es obtener unos 7 millones de euros de su venta, dinero que se destinará a amortizar parte de la deuda que se contraerá con el Gobierno.

El pago mixto. El anuncio del Ayuntamiento y la Diputación descarta una de las posibilidades que se manejaron desde el inicio del conflicto, el pago a través de una fórmula que incluyese la cesión de los terrenos. 

Esta solución, mucho menos lesiva para las arcas municipales, ha sido descartada sin que las dos instituciones hayan dado demasiadas explicaciones. El problema, según ha podido saber este periódico, ha sido doble: la valoración de los terrenos y que obligaría a la Diputación a pagar el IVA, coste con el que no estaba dispuesta a correr la institución provincial.

Otra opción sobre la que se debatió en el pleno del Consistorio, la condonación de los intereses, también se ha descartado «por las repercusiones negativas que estas supondrían para las arcas municipales».

Al pleno. El caso es que la propuesta definitiva, que exige al Ayuntamiento destinar cada año  durante una década 2,6 millones de euros de su presupuesto a pagar al Estado el crédito -1,7 si obtiene los 9 millones de la Diputación y un millón si logra, además, vender los terrenos- deberá ser dictaminada favorablemente por la comisión de Urbanismo y aprobada por el pleno municipal. El equipo de Gobierno de Mario Simón tendrá problema en sacar adelante el primer paso y pero para el segundo necesita el apoyo o abstención de PSOE, Vox o Ganemos.

«La propuesta de solución que hemos presentado, y en la que llevamos trabajando varios meses, es la única que cuenta con el apoyo de los técnicos y nos permite poner punto y final a un problema histórico», explicó el alcalde de Palencia, Mario Simón, quien recordó que el Ayuntamiento está «obligado a cumplir con la sentencia» e hizo un llamamiento a los grupos de la oposición para que permitan que el acuerdo salga adelante en el pleno. «Ya les hemos manifestado en las reuniones que es la única solución viable económica y técnicamente», sentenció.

Por su parte, la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, aseguró que «la Diputación colaborará, como lo ha venido haciendo hasta ahora con el Ayuntamiento de la capital, para alcanzar la mejor solución posible para los palentinos, ya residan en la capital o en la provincia. Este proceso de acuerdo se ha alcanzado a través de un intenso trabajo de diálogo y lealtad institucional».

El PSOE exige una mayor contraprestación y Vox rechaza el pacto 

El grupo socialista en el Ayuntamiento trasladó ayer al alcalde que su voto al acuerdo dependerá de si la Diputación, además de plasmar que el fondo de los 9 millones se repercutirá en este ejercicio económico, destina otros tres millones al arreglo del Camino de San Román. Desde el PSOE se considera que ambas instituciones deberían pactar en el documento el compromiso de ejecutar el fondo de 9 millones derivados de los intereses recogidos en la sentencia en las cuentas presupuestarias de 2022 con el fin de no dilatar en el tiempo el contencioso entre ambas partes. Asimismo, pide que se destinen en torno a 3 millones de euros a una propiedad de titularidad provincial que se encuentre en la capital, y que bien podría ser el Camino de San Román. Los socialistas califican esta propuesta de «aceptable por las dos partes», sobre todo teniendo en cuenta la negativa de la Diputación a aceptar suelo municipal como forma de pago.

Por su parte, Vox rechazó de plano el acuerdo. «Los dos equipos de Gobierno aseguran que se deben a sus respectivas instituciones, pero por encima de estas están los palentinos, y este acuerdo es un desastre, un despropósito», aseguró su portavoz Sonia Lalanda. 

«Si el Ayuntamiento tiene que pagar 26,8 millones en metálico para que la Diputación le devuelva 9... pues oiga, que no le cobre esos 9 millones. Dicen que no se puede condonar parte de la deuda pero yo todavía estoy esperando un informe de estas instituciones donde se explique el porqué», añade.

Vox deja claro que no apoyará con su voto un acuerdo que, para el Ayuntamiento, «es como el cuento de la lechera».