Diez municipios de la provincia han visto cómo la Junta de Castilla y León ha cambiado sus normas urbanísticas o su PGOU para calificar como suelo rústico común parcelas que antes de la crisis fueron calificadas como urbanizables, pero cuya viabilidad no ha quedado demostrada a través de la aprobación definitiva de su ordenación detallada.

Antes de la crisis, durante la época de las vacas gordas, muchos municipios modificaron sus planeamientos y normas urbanísticas para dotarse de suelo urbanizable para la llegada de empresas y, sobre todo, para la promoción de cientos y cientos de viviendas.

Sin embargo, la crisis económica cambió todos los planes y ese suelo se quedó ahí sin visos de convertirse en lo que los ayuntamientos habían previsto.

Con objeto de acelerar la deseada reconversión del sector inmobiliario, en septiembre de 2014 se aprobó la ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en la cual se incluía un apartado que obligaba a los ayuntamientos a demostrar la viabilidad de los terrenos clasificados en su día como suelo urbanizable. De no hacerlo, «quedarán clasificados de forma automática como suelo rústico común», decía la ley. 

La norma establecía tres plazos: dos años para los terrenos clasificados como suelo urbanizable conforme a la legislación urbanística anterior a la ley de 1999; cuatro años para los de suelo urbanizable no delimitado a partir de 1999; y ocho años para los clasificados como suelo urbanizable delimitado.

Cumplidos los dos primeros plazos, la administración regional informó el pasado mes de enero de que un total de 20 parcelas ubicadas en 10 municipios de la provincia habían cambiado automáticamente su clasificación a suelo rústico: 14 como residenciales, 3 industriales y 3 sin especificar destino.

En total, la Junta ha desclasificado en la provincia 98.447.930 metros cuadrados de suelo pertenecientes a 8 terrenos calificados antes de 1999; y 12 de suelo urbanizable no delimitado  desde ese año.

El primer plazo afectó a Alar del Rey, Barruelo de Santullán (2 parcelas), Saldaña (3 parcelas) y Villamediana (2 parcelas), un total de 12 millones de metros cuadrados, de los que la gran mayoría se concentraba en Villamediana, que había previsto 11.876.000 metros cuadrados sin especificar su destino. En total, todos suman 12.094.406 metros cuadrados.

El segundo plazo afectó a otros seis municipios de la provincia, entre ellos la capital, sobresaliendo de entre todos ellos la anulación de cuatro parcelas que tenían como destino la construcción de viviendas en Torquemada, y que ocupaban 53,9 millones de metros cuadrados, según la información de la Junta de Castilla y León.

En Carrión de los Condes se ha devuelto a rústico una parcela sin destino prefijado de 28,5 millones de metros cuadrados; y en la capital, tres con una superficie de 2,9 millones de metros cuadrados. Dos de ellas son residenciales y la otra industrial, la SUZ1-AE ubicada al norte del barrio del Cristo a la que se hace referencia en las páginas anteriores.

Un terreno en Villalobón (512.000 m²), dos en Becerril de Campos (315.773 m²) y, uno en Mantinos (40.459 m²) han sido también recalificados como rústicos porque sus ayuntamientos no han demostrado la viabilidad de los planes que tenían para ellos. En total, la Junta ha desclasificado en la provincia 86.353,524 metros cuadrados en este segundo plazo.