Gersul dice que no existen irregularidades en la gestión

ICAL
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Reconoce que hay una deuda de más de 30 millones de euros. La dirección del Consorcio Provincial se plantea aplazar la subida de las tasas al año 2022

El Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León, Gersul, aseguró hoy que “no existen irregularidades en la actual gestión, sino una deuda superior a los 30 millones de euros y muchos problemas heredados que se van solucionando”.

Así lo apuntaron desde la dirección de Gersul, en un comunicado emitido como respuesta a las críticas de la Federación Leonesa de Empresarios, que en el día de ayer señalaron haber detectado “importantes irregularidades” en la “ineficaz gestión”, por lo que tras la aprobación del presupuesto para el año 2020 decidieron presentar las alegaciones oportunas ante la Asamblea General, dentro del periodo de exposición pública, con carácter previo a la vía jurisdiccional, así como solicitar la reducción de las tasas, cuyo incremento se contempla en las cuentas aprobadas.

A este respecto, desde Gersul afirmaron que no se ha recibido ningún pliego de alegaciones de la Fele al presupuesto del Consorcio para 2020, ni en el periodo de exposición pública dispuesto para ello ni fuera de ese plazo, mientras que la tasa a la que hicieron alusión “tiene que cubrir todos los gastos del Consorcio”, es decir, los ordinarios del ejercicio en curso, así como las deudas, “que en este caso superan los 30 millones de euros, todas de anteriores mandatos”.

Un incremento, que Gersul aseguró que “se justifica en la evolución comprendida entre la aprobación de la ordenanza vigente, diciembre de 2007, y diciembre de 2019”, periodo en el que “nunca se había actualizado, mientras que el IPC subió un 16 por ciento, que es la subida de la tasa prevista en el Plan Económico Financiero”. Asimismo, puntualizaron que en este momento “se está estudiando la posibilidad de aplazar la subida al año 2022”.

En cuanto a la situación del padrón, pusieron de relieve que “se está actualizando desde hace un año de forma permanente”, de manera que “desde el cambio del equipo de gobierno no ha prescrito ni un solo recibo”.

Por otra parte, Gersul señala que mientras que la Fele expuso que existe una partida de ingresos denominada ventas de productos por valor de 1.800.000 euros sin justificarse, “el importe previsto en este concepto, 1.800.000 euros, es muy prudente y procede de la venta de los productos reciclados y de la energía producida”, aunque “en 2019 se ingresó por este concepto una cantidad bastante superior”,

Los empresarios también aludieron en el día de ayer a un incremento superior al 50 por ciento en el gasto, algo que Gersul apuntó que “se debe a la transacción judicial realizada en 2018 por deudas acumuladas en anteriores mandatos, cuyo importe alcanza los 23 millones de euros y que, como todas las deudas, hay que pagar”.

De igual manera, Fele señaló ayer que “el presupuesto de Gersul para 2020 no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, no cumple con el objetivo del límite de deuda financiera o comercial y no cumple tampoco con la regla de gasto”. Ante ello, Gersul precisó que se trata de “una consecuencia del reconocimiento de deudas de ejercicios anteriores que deben incluirse en el presupuesto para poder pagarlas·, para lo que “se realiza un Plan Económico Financiero, que se aprobó en la referida asamblea del 17 de julio, con el que el Consorcio cumplirá todos los parámetros de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera”, así como que “tanto el presupuesto de 2020 como el Plan Económico Financiero han sido informados favorablemente por el interventor”.

Respecto a la reclamación de la Fele para poner fin a la deuda histórica que mantienen los ayuntamientos, Gersul expuso que “se han firmado convenios con los ayuntamientos y desde diciembre de 2019 se están cumpliendo los plazos para amortizar esa deuda pendiente”.

Por último, respecto a la petición de la Fele de bajar las cuotas, a la dirección de Gersul le gustaría “no sólo bajar la tasa sino eliminarla”, pero lamentaron que “la ley obliga tener unos ingresos suficientes para sufragar el coste y para pagar las deudas, en este caso muy elevadas y que no se han generado en este mandato”.

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