Castilla y León ha registrado hasta un junio un déficit de 295 millones de euros, lo que supone el 0,55 por ciento del PIB, frente al déficit del 0,91 por ciento del PIB registrado hace un año, cuando el déficit al acabar el sexto mes del año alcanzaba los 540 millones, lo que supone un 45,37 por ciento menos, según informó el Ministerio de Hacienda.
Además, el impacto asociado al coronavirus supuso en Castilla y León en la primera mitad del año 207 millones de euros, un 0,39 por ciento del PIB. En el conjunto autonómico ascendió a 2.890 millones, un 0,35 por ciento. Madrid con 846 millones (0,39 por ciento del PIB) y Cataluña, con 702 millones (0,33 por ciento), se sitúan en cabeza, por delante de Andalucía (416 millones), Castilla-La Mancha (550 millones), Valencia (349 millones), País Vasco (220) y Castilla y León (207 millones).
El comportamiento del déficit de la Comunidad ha sido mejor que el registrada por el conjunto de comunidades autónomas, que registraron un total de 6.710 millones, lo que supone el 0,60 por ciento del PIB, lo que supone un 19,6 por ciento menos. Esta evolución, según se destaca desde el Ministerio de Hacienda en un comunicado, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19”.
Todas las comunidades, salvo Madrid, Navarra y País Vasco registran en la primera mitad de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además,Canarias, La Rioja y País Vasco se posicionan en situación de superávit o de equilibrio presupuestario.
En concreto, según el Ministerio de Hacienda, esta moderación del déficit obedece al adelanto de la financiación procedente del Estado, vía anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50 por ciento de la liquidación definitiva de 2018; a la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como de los ingresos recibidos del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y del programa de prestaciones sanitarias y farmacia.
Además, los ingresos se han incrementado un 7,3 por ciento. En este sentido, cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 3,1 por ciento, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 16,2 por ciento fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 13,7 por ciento, por los mayores recursos recibidos del Estado.
Hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los Presupuestos Generales, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril. Los impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 28,1 por ciento, destacando el descenso del 24,7 por ciento del ITP y AJD.
Estado
Por otra parte, el en los siete primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 60.413 millones, lo que equivale al 5,40 por ciento del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 4,2 por ciento. Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 15,8 por ciento como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 21,4 por ciento por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas.