La Audiencia Provincial ha archivado las diligencias abiertas a raíz de una denuncia interpuesta por el concejal André Labrador Escobedo contra el alcalde de Carrión de los Condes, José Manuel Otero (Cs), por supuesta revelación de secretos al entender que se había vulnerado su intimidad al circular por vía whatsApp el documento que había registrado en el Consistorio a raíz de su salida del PSOE y su denominación como concejal no adscrito, diligencias que ya fueron sobreseídas inicialmente por el juzgado carrionés en octubre de 2018.

El alto tribunal de la provincia, en el auto al que tenido acceso Diario Palentino, argumenta la desestimación del recurso presentado por Labrador en que en este caso «estaríamos en un secreto comunicado de manera voluntaria y por escrito del denunciante». 

En relación con las posibles consecuencias negativas de su difusión «no aporta el más mínimo dato que puedan corroborar lo afirmado, ya sea por datos de personas, de circunstancias o de tiempos».

La Audiencia mantiene que la prueba documental incorporada a las diligencias se constata que tales datos, a excepción de su anuncio o petición de baja del grupo socialista, dato que no afecta a su intimidad, sino a lo público, «ya constaban en múltiples publicaciones con fotografía incluida, en redes sociales como facebook o instagram».

El alcalde de Carrión no reveló secretos del exedil del PSOELa denuncia de André Escobedo hacía referencia a que a las 12,35 horas del lunes 27 de noviembre de 2017 registró un documento privado dirigido a la alcaldía-presidencia y a la secretaria-intervención de Carrión de los Condes comunicando su salida del grupo socialista adscrito a la denominación de no adscrito. 

Así las cosas, después de registrarse el documento, del que había dos copias oficiales, el 29 de noviembre de 2017 una persona le envió a Escobedo un documento que afirmaba que estaba circulando por whatsApp en el que aparecía su nombre y una foto. 

Dicho documento era el que había firmado en el Ayuntamiento de su renuncia al grupo socialista y también aparecía su DNI y más datos personales confidenciales y que, a su juicio, deberían estar sometidos a la Ley de Protección de Datos y la ordenanza de protección de datos del Ayuntamiento carrionés. 

«Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos expuestos en la denuncia y la circunstancias en que aquellas se desarrollaron no es posible apreciar la trascendencia penal que exige el recurrente», afirma el ponente de la Audiencia Provincial.