El empresario palentino, J.A.G.I., de 77 años y relacionado con la empresa Montajes y Obras Públicas SL y acusado de un delito de falsedad en documento mercantil y oficial cometido por particular y de estafa cualificada, asumió hoy en la Audiencia Provincial una pena de 6 años de prisión, el pago de una multa de 1.960 euros y la total responsabilidad civil, que asciende a casi dos millones de euros al reconocer todos los hechos, sobre todo tras ser juzgada y absuelta su hija por los mismos delitos, al quedar probado por el tribunal que toda la responsabilidad recaía sobre el acusado, que tuvo que ser extraditado desde Brasil al huir al país carioca y donde llegó a montar una nueva empresa.
El procesado, que ha cumplido casi dos años de prisión preventiva (más de año y medio en Brasil y cuatro meses en España), llegó antes de celebrarse la correspondiente vista oral en el alto tribunal de la provincia a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares.
Este empresario palentino, que huyó a Brasil y fue detenido por la Interpol y extraditado para ser juzgado, es padre de M. G. G., que fue juzgada y absuelta en junio de 2016 por los mismos delitos al asumir el alto tribunal los argumentos de su defensa y de ella misma, que mantuvo en todo momento que toda la culpa era de su padre y que ella desconocía las supuestas actividades ilícitas que este llevaba a cabo, asegurando que ella se limitaba a firmar lo que su progenitor le pedía. Los hechos juzgados parten de mayo de 2012 cuando la Guardia Civil, con base en Valladolid, detuvo a la mujer e imputó a su padre, que ayer fue juzgado, acusado de estafar más de 1,8 millones de euros a tres ayuntamientos de la Comunidad, cinco entidades bancarias y a la Confederación Hidrográfica del Duero.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, «de forma mendaz» endosaban facturas, supuestamente falsificando firmas y sellos, por obras no ejecutadas o por trabajos sí realizados pero que cobraron por triplicado. Fueron víctimas de la estafa los consistorios de Santovenia de Pisuerga, Matallana de Torío (León), Pancorbo (Burgos), la Confederación Hidrográfica del Duero y las entidades financieras Caja Círculo, Caixa General, Banco Gallego, Banco Popular Español y BBVA.