Control y cumplimiento

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La Diputación, pionera con un plan antifraude en la gestión de fondos europeos. El documento se llevará para su aprobación al próximo pleno, que se celebrará el día 30 de diciembre

Control y cumplimiento - Foto: Enrique Caña

La Comisión de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación informó a favor en su última reunión el plan de medidas antifraude, un documento necesario que el Ministerio de Hacienda exige, como sistema de control y cumplimiento con el fin de prevenir la corrupción y los conflictos de intereses en las administraciones que gestionen fondos europeos provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), núcleo del Fondo de Recuperación.

Este plan se estructura en torno a los cuatro elementos clave del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución y será de aplicación a todos los órganos y a todo el personal que intervengan en la gestión de los mismos. 

El documento de la Diputación, que es una de las primeras instituciones en todo el territorio en disponer de dicho instrumento novedoso, tiene como objetivo establecer los principios y las normas que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, anticorrupción y a fin de evitar los conflictos de intereses en relación con los fondos del MRR.

Para ello, se promoverá una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.

En la Diputación ya se trabajaba con mecanismos de evaluación de riesgos y de refuerzo del control interno, lo que ha llevado a alinear el nuevo plan antifraude con la cultura normativa, orientada a la gestión de los fondos europeos que se percibirán y habilitando sistemas tales como la inclusión de una declaración institucional de tolerancia cero con la corrupción y los conflictos de intereses, que afecta a todos los cargos electos y empleados públicos de la institución. Así como la aprobación de un código ético y de conducta, medidas de comunicación especiales y un sistema estructurado de detección y evaluación de riesgos.