La Audiencia de Valladolid ha condenado a un total de ocho años de cárcel al presidente nacional de Retomar, J.M.G., que fue juzgado por explotación laboral de los toxicómanos y alcohólicos que tenía a su cargo y por contrabando de tabaco que ejercía desde las instalaciones de su asociación.

La Sección Cuarta de lo Penal considera al encausado autor de sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y de un delito de contrabando y resuelve imponerle cinco años de cárcel por el primero, dos por el segundo y otro año más por el tercero, junto con una multa global de 503.000 euros, la suspensión de la actividad de su mercantil por diez años y su inhabilitación para el derecho a percibir subvenciones públicas e incentivos fiscales por espacio de dos décadas, según la sentencia publicada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El mismo fallo, por contra, absuelve a su esposa, M.J.P., que compartió banquillo con el primero, para quien el fiscal del caso había pedido doce años de cárcel y ocho para ella -la excluía únicamente del contrabando-, mientras que la Abogacía del Estado interesaba cuatro años para cada uno por el referido delito.

Cabe recordar que una de las salidas en forma de terapias ocupacionales, charlas individuales y colectivas y trabajos varios que ofrecían era en el reciclaje de plásticos en una factoría del polígono industrial de Villamuriel, donde ocurrieron dos accidentes laborales graves.