Luz verde a la resolución del contrato del hospital

Carlos H. Sanz
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El Consejo regional da por buenos los dos argumentos de la Junta:el incumplimiento de las obligaciones de la UTE Ferrovial-Peache y la demora en el cumplimiento de plazos

Luz verde a la resolución del contrato del hospital - Foto: Juan Mellado

El Consejo Consultivo de Castilla y León concluye que procede resolver el contrato de las obras de construcción del bloque técnico del Hospital Río Carrión suscrito entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferrovial Agromán-Constructora Peache.

Un paso clave para que la administración regional pueda iniciar un nuevo concurso público a través del que hallar una empresa que lleve a cabo un proyecto fundamental para la atención sanitaria de la provincia. Una promesa de la que se lleva hablando desde los años 90 del siglo pasado, que la Junta no materializó hasta junio de 2015 y cuya primera fase debería estar lista este año.

En su dictamen, el Consejo Consultivo da por buenos los dos argumentos en los que la administración regional fundamenta la resolución del contrato. El primero, «el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contratista»; y el segundo, «la demora en el cumplimiento de plazos parciales». 

Concretamente, respecto al primero de ellos, el Consejo Consultivo asegura que «de las sucesivas actuaciones de la contratista se infiere una voluntad renuente al cumplimiento de la obligación más esencial del contrato: la ejecución de la obra».

Esa poca disponibilidad de la UTE se atribuye a que pese a que sus alegaciones por las dificultades para continuar las obras fueron contestadas (y rechazadas) por la dirección facultativa de las obras y por el órgano de contratación, no reinició los trabajos.

También que las continuas solicitudes de suspensión de las obras o de modificados «carecían de consistencia, certeza y fundamentación», además de «parecer tener por objeto la dilación o paralización de la ejecución de las obras», según los informes. 

Este órgano cita un informe del Servicio de Infraestructuras y Patrimonio de la Junta en el que se pone de manifiesto que la UTE parece «interesada en obstaculizar la reanudación y ejecución de la obra». «Parecen más interesados en recabar y magnificar incidencias propias de cualquier obra que en solucionarlas», incluye el dictamen. 

«En virtud de lo expuesto, y ante la renuente actuación de la contratista, puede considerarse que esta es la única responsable del incumplimiento y paralización de las obras. Esta inactividad en la ejecución supone el incumplimiento de una de las obligaciones contractuales esenciales», sentencia el Consejo Consultivo.

la demora. Cabe recordar que el contrato fue adjudicado a Ferrovial Agroman-Constructora Peache el 28 de agosto de 2017 por un importe de 36.176.093 euros a financiar en cuatro años, es decir, hasta 2020, incluido. El plazo previsto para la ejecución de la primera fase, la construcción del aparcamiento, era de siete meses y se realizó en más de 11. A día de hoy, es lo único terminado y las certificaciones presentadas con importe económico ascienden a 1.983.175,79 euros, el 5,5% de ejecución total del contrato.

La Junta concedió a la UTE dos meses más de plazo y, aún así, se produjo una demora acumulada de 68 días en la ejecución de la obra. El bloque técnico, propiamente dicho, se debía ejecutar en 33 meses y antes de empezar ya se había consumido más de nueve, el 27,88% del plazo, sin que se hubiese hecho nada.

La administración regional echó cuentas y se percató de que después de 610 días, Ferrovial Agromán y Peache había consumido el 50,83% del plazo total del contrato sin avances significativos, apenas el 5,48%, por lo que a juicio de la Junta «era razonable presumir la imposibilidad de cumplir el plazo de la fase dos y, en consecuencia, el total del contrato». 

De esta forma, la segunda de las causas de resolución aludidas es la demora en el cumplimiento de los plazos, la cual el Consejo Consultivo considera justificada, dando por bueno un informe de la arquitecta del Servicio de Infraestructuras y Patrimonio de la Junta en el que considera que «ya se había llegado a un punto de no retorno e imposible recuperación, con una UTE constructora empeñada en poner trabas a la ejecución de la obra exigiendo la redacción de un proyecto modificado con sucesivas solicitudes».

La situación entre la Junta y la UTE llegó a tal punto según el relato de los hechos que incluye el dictamen, que la administración regional criticó la «completa falta de colaboración para la ejecución de las obras contratadas», además de acusarla de estar llevando «una política de desgaste, búsqueda incansable de dificultades y magnificación de problemas propios de cualquier obra».

Finalmente, el Consultivo concluye que «el incumplimiento del contratista puede calificarse como culpable al concurrir pasividad culposa o negligente de la empresa», lo que provoca la resolución, la incautación de la garantía constituida y la indemnización de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionarse a la Administración y, con ello, a los palentinos.