La Consejería de la Presidencia “reconvierte” en decreto el acuerdo por el que se aprobó en 2017 el catálogo de puestos tipo del personal funcionario al servicio de la Administración General y de sus órganos autónomos para cumplir con varias resoluciones judiciales que le anularon, pues considera que el defecto es de forma y no de fondo, en un argumento que no comparte la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladecu), que vaticina nuevas demandas judiciales.
El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión del 31 de agosto de 2017 a través de un acuerdo este catálogo, cuyo objetivo, como explicó el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, es ordenar la diversidad de puestos existentes sobre la base de unos criterios generales y facilitar la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, aprobadas por la Junta en septiembre de 2018.
Sin embargo, varios pronunciamientos judiciales -como la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- han declarado la nulidad del citado acuerdo de agosto de 2017. Se basa en dos fundamentos: las decisiones que llevaron a la creación de los distintos puestos tipo debieron justificarse documentalmente mediante estudios preparatorios e informe, y el procedimiento para su aprobación debió ser una disposición de carácter general.
Así, la Consejería ha elaborado un decreto, con un contenido similar al del catálogo, explicaron a Ical fuentes de Presidencia, que subrayaron que se ha contactado con los representantes de los sindicatos y con el pronunciamiento de las consejerías. Según este departamento, las dos sentencias contrarias emitidas por el TSJ sobre este instrumento clave para elaborar las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y organizar el concurso de traslados actualmente en marcha se deben a cuestiones de forma y no de fondo.
Ninguna novedad
“Los tribunales han dicho que no es una cuestión formal, sino de fondo; han reducido 700 puestos sin una justificación”, afirmó el portavoz de Pladecu, Quinicio Martínez, que manifestó que el decreto no tiene “ninguna novedad”, por lo que estimó nuevas demandas judiciales de los sindicatos y colectivos si le aprueban sin cambios sustanciales.
Martínez argumentó que la agrupación de puestos tipos en menos categorías resta “especialización” y tiene como objetivo el “manejo de los funcionarios, no el ahorro”. El citado catálogo, que pasa de 700 a 81 puestos tipo, supondrá en la práctica que un ingeniero de caminos, montes, un arquitecto o geólogo puedan hacer un mismo informe, porque todos figuran como técnicos.
Según el presidente de Pladecu, la Junta “gana tiempo” con la elaboración de ese decreto a la espera de la resolución del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. A ello une, que para no tener problemas, le llevarán a la Mesa General -antes de que llegue al Consejo de Gobierno- donde están los representantes sindicales de todos los sectores. Por el contrario, indicó que en la Mesa de la Función Pública es mayoritario CGT y la Junta Central de Personal de los Servicios Centrales de Valladolid.
El catálogo afecta a casi 16.800 funcionarios, ya que del mismo quedan excluidos el personal docente, el de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud y los que no hayan de servir de modelo para la creación de otros iguales.
Por último, el portavoz de Pladecu alertó de que “claro que afectará” a la Relación de Puestos de Trabajo y al concurso abierto y permanente recién convocado. “Van a caer sentencias, una detrás de otra”, sentenció, convencido de que la regulación tiene que ser de fondos, acompañada de un informe, no de forma.
Grupo de Comunicación ICAL. - © Copyright Agencia Ical. All Rights Reserved
Contacto - Aviso Legal - Equipo Agencia Ical