La Consejería de Familia promete reducir hasta los tres meses el tiempo máximo de espera para que los solicitantes de ayudas a la dependencia puedan acceder a sus prestaciones durante esta legislatura. Una tarea que, como reconoció ayer la consejera del ramo, Isabel Blanco, se trata «de un reto ambicioso, porque en otras comunidades se está resolviendo en ocho meses y en dos fases diferentes, mientras que aquí intentaremos que en tres meses esté resuelto todo el proceso». Un anunció que la nueva titular de Familia e Igualdad de Oportunidades realizó durante la reunión mantenida ayer con representantes de más de setenta organizaciones del tercer sector de la Comunidad, a quienes calificó como «una parte fundamental del nivel que actualmente tienen los servicios sociales de Castilla y León». 

Blanco aseguró que «el tercer sector es una parte fundamental de los servicios sociales de Castilla y León» y señaló que por ello pretenden «establecer un diálogo permanente con ellos, para escuchar sus demandas, aunque estos meses de atrás muchas de las cosas que han ido planteando están ya incluidas en los objetivos de esta legislatura».

Es por ello que, a partir de septiembre, iniciarán una ronda de reuniones con cada una de las organizaciones y asociaciones de manera individual. «Las prioridades de la Consejería para esta legislatura son más servicios para las personas. Tenemos que tener especialmente en cuenta a los mayores, tanto con los programas de envejecimiento activo, para evitar que esa gente llegue a la dependencia o que retrase lo máximo su entrada, como en la atención a las personas en soledad», subrayó.

Proyectos

Entre las novedades que afectarán al tercer sector, anunció varios proyectos. En primer lugar se refirió a la puesta en funcionamiento «en septiembre» de un órgano de participación y coordinación para mantener las relaciones entre el tercer sector y la administración. También avanzó que ya se está trabajando para configurar el proyecto de Ley del Tercer Sector en la Comunidad, una norma «muy demandada por el colectivo», informa Ical.

Para ello, consideró que «es importante empezar por el decreto de concertación, que busca garantizar la sostenibilidad financiera y económica a las asociaciones y organizaciones del tercer sector». «No esperaremos a que esté en marcha la Ley, sino que trabajaremos de forma paralela porque es básico y fundamental garantizar esa estabilidad financiera», explicó, al tiempo que prometió «trabajar con ellos desde el diálogo y el consenso porque ellos son los protagonistas».

Sentencia delSupremo

Cuestionada por el rechazo del Tribunal Supremo al recurso de casación presentado por la Junta por el decreto que regula los centros de mayores, IsabelBlanco señaló que estudiarán la sentencia para cumplir lo que dictamine y solucionar la situación. «La sentencia no cuestiona el fondo del modelo, sino una serie de defectos de forma», apuntó la consejera, que reiteró que confían en que «el modelo de atención a las personas mayores en residencia es bueno, que se sientan como en su casa». «Nos pondremos a trabajar para solucionar esos defectos de forma a la mayor brevedad posible, de acuerdo con las organizaciones y el tercer sector, ya que el decreto inicial era de consenso y estaba pactado con ellos», afirmó.