Un hombre identificado como L.R.H.L, de nacionalidad guatemalteca y domiciliado en la capital, ha sido condenado a tres años y medio de prisión como autor responsable de un delito contra la salud pública derivado del tráfico de estupefacientes. La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario Palentino y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, establece que la pena será sustituida por la expulsión del territorio nacional una vez haya cumplido las dos terceras partes de la misma o se le conceda el tercer grado penitenciario. 

L.R.H.L. formaba parte de un grupo de ocho procesados que fueron citados a juicio en la Audiencia Provincial el pasado mes de octubre. Durante la vista oral, seis de los ocho acusados pactaron una conformidad con el Ministerio Fiscal por lo que asumieron penas que sumaban 16 años de prisión por traficar con speed. El octavo acusado por este causa, concretamente una mujer identificada como C.O.F., y para quien la Fiscalía pedía nueve años de prisión, se encuentra aún en búsqueda y captura sin que se tenga constancia actualmente de su paradero. L.R.H.L., por su parte, fue juzgado al apartarse de dicho acuerdo y ahora ha sido condenado por el alto tribunal de la provincia.

La Fiscalía, que inicialmente había solicitado penas que oscilaban entre los cuatro y nueve años para este grupo, formuló escrito de acusación contra ellos después de que  la Policía Nacional les incautara en febrero de 2016 en varios registros efectuados en la capital y Venta de Baños casi dos kilogramos de speed, en ese momento la mayor cantidad de esta sustancia aprehendida en Palencia durante los últimos años y que era distribuida en distintos puntos de ocio. La operación policial se inició en noviembre de 2015 cuando el Grupo Operativo de Estupefacientes de la Comisaría de Palencia tuvo conocimiento que se estaba produciendo un transporte de cocaína desde Madrid a Palencia.

Las investigaciones se ampliaron al detectarse puntos de venta en locales de los denominados afterhours de la ciudad, abiertos hasta altas horas de la madrugada, si bien la Policía Nacional pudo comprobar que estos no eran los únicos puntos de venta de las sustancias estupefacientes, sino que también podían ser adquiridas en los propios domicilios de los encartados o en sus inmediaciones.

A partir de aquí comenzó una investigación que tuvo sus fases. Una vez conectados los hilos de la investigación, los agentes de la Policía Nacional, según refleja la Fiscalía, consideran que la persona que introducía la droga en la provincia era una mujer, C.O.F., que como se ha mencionado se encuentra en paradero desconocido, ayudada por su pareja  sentimental en aquel momento, J.E.N.M. La operación se llevó a cabo tras una laboriosa investigación dirigida por el juzgado número 7, que duró seis meses.