Detrás de cada alzamiento de desahucio hay un drama personal y familiar que afecta a quien se ve obligado a abandonar por fuerza mayor el que ha sido su hogar, pero también a los pequeños propietarios a los que se les acumulan los recibos impagados por parte de los inquilinos de unas viviendas que tardan mucho tiempo en recuperar. 

En este segundo grupo se encuentra Juan José Acevedo, que ha vivido un auténtico calvario para  retomar el piso del que es titular en Guardo, ocupado los últimos trece meses por una familia que, de la noche a la mañana, dejó de pagar la cuota mensual. Letras y letras que se fueron acumulando ante la impotencia de Acevedo y la inoperancia de la administración, por lo que este guardense residente en Santander se vio obligado a recurrir a la vida judicial.

Los inquilinos accedieron a la vivienda en 2016 y «pagaron religiosamente» durante los dos primeros años, salvo algunas contadas excepciones que se resolvieron sin mayor inconveniente. «Fue en febrero de 2020 cuando dejaron de pagar y no cogían el teléfono, y yo no podía resolver nada desde Cantabria porque comenzó el confinamiento domiciliario», explica a Diario Palentino. 

Un calvario de alquiler: impago, destrozo y abogado

Asesorado por su abogado inició entonces el alzamiento de desahucio, en el que se fue encontrando con una serie de trabas legislativas que complicaban la ejecución, hasta que finalmente consiguió que el inquilino abandonara la vivienda por intermediación del CEAS de Guardo. «He tenido que invertir mucho dinero en recuperar lo que es mío, porque además de no cobrar durante un año, he tenido que hacer frente a los gastos de los abogados y de distintas empresas», subraya.

La sorpresa llegó cuando accedió a una vivienda a la que no había vuelto en los últimos cinco años y se encontró con paredes desconchadas, suelos de parqué destrozados, los desagües «hechos polvo», el depósito del gasoil bajo mínimos, las ventanas cubiertas de celofán y los baños «con una capa de mugre» que ocultaba el color real de sanitarios y baldosines.

OLOR NAUSEABUNDO

Un calvario de alquiler: impago, destrozo y abogado

«El mal olor traspasaba la mascarilla, tuve que echar litros y litros de producto por toda la casa para limpiar, pero no había manera», relata. 

Desesperado, recurrió a una empresa especializada en vaciado, que le costó 525 euros, y otra de limpieza, por la que pagó 250 euros. En total, casi 800 euros para recuperar el piso y dejarlo limpio. «Compré una vaporeta en El Corte Inglés y me la cargué en un fin de semana de tanto limpiar; compré otra, y me la volví a cargar», apunta Acevedo, muy molesto con la inmobiliaria con la que trabajaba, que no le puso en antecedentes y se desentendió de lleno del problema.

Es la primera vez que sufre a un inquilino deudor, que además le ha «destrozado» la casa, por lo que de momento no quiere saber nada de alquileres. Un revés para la familia, pues su ilusión era conservar el piso de su localidad natal para regresar a Guardo cuando se jubilara y, mientras tanto, «darle salida» en el mercado del alquiler. «Ahora tengo muchas dudas, no sé si disfrutarlo yo o venderlo y despreocuparme por completo», confiesa Acevedo.

Un calvario de alquiler: impago, destrozo y abogado

Mientras toma la decisión pintará todo el inmueble, sustituirá el parqué de las distintas estancias por tarima flotante, reformará la cocina y los baños y sustituirá las ventanas. Una completa reforma para la que está buscando presupuesto en varias empresas y con la que intentará superar un mal trago que no olvidará fácilmente.

SIN NADA DE LA NOCHE A LA MAÑANA

Un calvario de alquiler: impago, destrozo y abogado

Antonio y Carmen (nombres ficticios) son un matrimonio sin hijos de un pueblo del sur de la provincia que vivió la lacra del desahucio en sus propias carnes no hace mucho tiempo. En su caso, la entidad bancaria con la que trabajan de manera habitual, de pronto, les dio la espalda, y se vieron de la noche a la mañana absolutamente sin nada.

Afortunadamente su caso se resolvió satisfactoriamente y recibieron las llaves de una vivienda de alquiler social, por la que estuvieron años peleando en la administración. Y es que, la Junta de Castilla y León, por ejemplo, se excusaba en que no había viviendas libres de su propiedad, todo lo contrario a lo que defiende la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyo portavoz, Teodosio Villahoz, asegura que, al menos, existen pisos cuya titularidad está en manos de la administración autonómica en la zona de Francisco Vighi, la avenida de Santander y la calle Inés Moro de la capital.

Otras dos familias palentinas tienen «apalabrados» pisos con la Junta, aunque al igual que los anteriores protagonistas prefieren guardar el anonimato «por miedo a que la administración dé marcha atrás».