La alta tasa de desempleo, los sueldos cada vez más bajos y la inestabilidad económica y laboral de jóvenes y no tan jóvenes son algunos de los contratiempos que han de lidiar los palentinos para hacer frente al pago de la vivienda, lo que provoca que, en situaciones límite, se vean abocados al desahucio. Un drama que en la provincia afecta ya más a los inquilinos que residen en una vivienda en alquiler que a aquellos que tienen una hipoteca, en una relación del 60 y 40 por ciento, respectivamente. Como muestra de ello, los impagos se han triplicado desde que estalló el coronavirus hasta alcanzar el 15 por ciento puesto que muchos arrendatarios optaron por no pagar, según los datos que maneja la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (Asval).

En la provincia se inician del orden de cien alzamientos por impago anualmente, una media de ocho al mes. Una cifra que se mantiene estable en los últimos años, si bien fluctúa con cada una de las crisis económicas, como ya ocurrió en 2009 y 2018, y que, según aventuran los expertos del sector, se volverá a repetir en 2022 tras la pandemia de la Covid-19, que se ha cobrado cientos de damnificados en la provincia en forma de despidos, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) y un descenso sin precedentes en la historia reciente en muchos sectores productivos. 

De los cien alzamientos anuales, un 75 por ciento se produce en la capital, donde se concentran los desahucios en territorio palentino, según indica Teodosio Villahoz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Palencia. El resto, se da en los cuatro principales municipios del medio rural: Aguilar de Campoo, Guardo, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato. «En los otros pueblos, la situación es mucho más tranquila, aunque también ha habido algunos episodios residuales», subraya Villahoz.

Según los datos recabados por Diario Palentino, desde el año 1987 ha llegado hasta la Audiencia Provincial un total de 148 procedimientos de alzamiento de desahucio. En este período de más de tres décadas, los años con mayor número de conflictos fueron 2002, con once; 2000, con diez; 1999 y 2009, con ocho; y 2004, 2005, 2008, 2017 y 2020, con siete casos. En el extremo opuesto se sitúan 1989, 1993 y 1994, con tan solo uno, el mismo número que en el primer cuatrimestre de 2021. 

En el caso concreto de los alquileres, se iniciaron 58 procedimientos contra arrendatarios y 50 contra precaristas. ¿En qué se diferencian? Según explica el abogado palentino Alberto Arzúa, los arrendatarios disponen de un documento físico, mientras que los precaristas carecen de él y se mantienen en la vivienda «por la mera voluntad del dueño de la casa». En este grupo se encuentra, por ejemplo, un familiar o un amigo que cede temporalmente una casa sin contrato de por medio.

En este punto, Arzúa clarifica que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite llegar a un entendimiento entre arrendador y arrendatario para, por ejemplo, condonar parte de la deuda siempre y cuando el deudor abandone el inmueble de manera inmediata y lo deje en buenas condiciones para acelerar el proceso de desahucio y evitar el juicio.

Si bien cada situación personal es distinta y depende de diversos factores, el perfil habitual al que responden los palentinos desahuciados es el de una familia con escasos recursos en situación de extrema vulnerabilidad, en una horquilla comprendida entre los 30 y 50 años. En gente mayor «es bastante más difícil», porque la inmensa mayoría, «el 99 por ciento», ya tiene pagada su vivienda desde hace bastantes años. En este caso, indica Villahoz, el problema se da en aquellos padres y abuelos que han «avalado a hijos y nietos» que no han cumplido con las letras a fin de mes. 

A este perfil, que podría denominarse tradicional, se suman otros nuevos a raíz de la Covid-19. «Hay muchos palentinos que han perdido sus empleos, han visto reducido el sueldo o aún están a la espera de cobrar los Ertes y que están en una situación extrema porque han echado mano ya de todos sus ahorros», apunta Villahoz, quien resalta que «lo primero es comer». Asimismo, señala que «muchos de los que no pueden pagar tienen una excelente relación con la comunidad de vecinos o los niños en el colegio», aunque deja bien claro que está en contra de «dar la patada», entrar por la fuerza a una vivienda y ocuparla.

También hay inquilinos que han profesionalizado los impagos, según advierte Arzúa. «Su forma de actuar es sencilla: dejan deudas en la vivienda que ocupan y se van a otro barrio, ciudad o pueblo donde no puedan identificarles y repiten la operación. Así sucesivamente hasta que dan con ellos», explica.

SEGUROS, GRANDES ALIADOS

En el extremo opuesto, en el lado del arrendador, además de no cobrar, una de sus principales preocupaciones es el estado en el que se encontrará el inmueble alquilado una vez que el inquilino lo abandone. Si el piso, casa o chalé en cuestión está en buenas condiciones, pero solo quiere dar una mano de pintura para sanearlo, el dueño puede gastarse entre 500 y 600 euros. Una cantidad que puede elevarse hasta los 2.000 o 3.000 euros en el caso de que haya que hacer alguna obra o reparación en los suelos, los baños o la cocina.

Por este motivo, cada vez más palentinos recurren a un seguro para cubrir este tipo de necesidades. «Es caro, pero cuando alquilan el inmueble van a estar respaldados ante posibles destrozos y situaciones incómodas», apunta el abogado Alberto Arzúa, quien asegura que es «la única fórmula de prevención» y «la mejor opción, hoy por hoy, sabiendo cuál es la situación actual, para los propietarios».

El precio básico asciende a 260 euros al año. Por aproximadamente 250 euros más se pueden incluir también los daños provocados por los inquilinos. «Son uno 600 euros que no hay que ver como un pago, sino como una inversión en tranquilidad», concluye Arzúa.

ARRIENDOS SOCIALES CONTRA EL DRAMA DEL DESALOJO FORZOSO

El alquiler social se ha constituido como una de las principales herramientas en la provincia para combatir el drama del desahucio. Un programa que no se ha implantado en la capital «porque ni a esta ni a ninguna de las corporaciones municipales les ha interesado», señala Teodosio Villahoz, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero que ya es una realidad en el medio rural al abrigo del programa Rehabitare, en el que han unido esfuerzos la Diputación, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos beneficiados y, en algunos casos, también el Obispado.

Palencia es la provincia pionera en el desarrollo del Rehabitare. Aquí comenzó como proyecto piloto en 2009 y, a partir de 2016, se extendió a toda la Comunidad, primero con acuerdos con ayuntamientos y posteriormente también con los obispados. Palencia tenía el pasado mes de diciembre (último recuento oficial) 27 viviendas: 25 propiedad de municipios y las otras dos cedidas por el Obispado, en cuyas rehabilitaciones se han invertido 1.206.000 euros. Estas se ubican en Palenzuela, Tabanera de Cerrato, La Serna, Villalcázar de Sirga, Brañosera, Amusco, Frechilla, Villaturde, Antigüedad, Calzada de los Molinos, Villaherreros, Villamartín de Campos, Castrillo de Villavega, Baltanás, Cisneros, Paredes de Nava, Villerías, Villada, Meneses de Campos, Villasarracino, Barruelo de Santullán, Villamoronta y Pomar de Valdivia, las dos últimas con casas rectorales.

AYUDAS AL ALQUILER Y COMPRA

Por otro lado, la Junta pretende favorecer el asentamiento de jóvenes en el medio rural, y para ello arbitra políticas destinadas a favorecer el acceso de los jóvenes a un recurso básico como es la vivienda. Una de las vías es la ayuda al pago del alquiler, que en el caso de los jóvenes es de hasta el 50 por ciento de la renta.

En este contexto de apoyo a los jóvenes, en Paredes de Nava la administración regional, en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento, va a rehabilitar un edificio de una antigua industria harinera para dotarlo de un total de ocho viviendas tipo loft destinadas al alquiler subvencionado para jóvenes, de en torno a 100 euros mensuales, como experiencia piloto que se podría extender a toda Castilla y León.

Por otro lado, la Junta reduce en un 20 por ciento el precio de venta de sus viviendas de protección pública a los jóvenes menores de 35 años que opten a acceder a las mismas en los municipios de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad. Esta política ha comenzado a aplicarse en las dos promociones en construcción en Aguilar de Campoo, con un presupuesto de licitación para 19 viviendas de 2.025.215 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, financiado al 100% por la Junta, a través de Somacyl, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento.

La finalidad es la plena integración de los jóvenes en la vida pública y en la sociedad, facilitando su autonomía, mediante el acceso a una vivienda. Se trata de facilitar la emancipación al facilitar la comprar de vivienda de protección pública sin necesidad de tener el dinero ahorrado de la entrada, dado que la financiación bancaria no suele superar el 80% del importe de la compra, y por ello la vivienda se venderá con una rebaja del 20% del precio total de la misma.

Otra herramienta de lucha contra la despoblación, articulando las medidas de carácter económico y social que permitan fijar y atraer población. Se trata de incentivar el asentamiento de familias jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes ofreciendo viviendas en venta a precios asequibles, es decir, facilitando la accesibilidad de los jóvenes al mercado hipotecario.