Los grupos parlamentarios de las Cortes expresaron su disposición a iniciar una reforma de la Ley del Consejo Consultivo y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales para actualizar la normativa, incorporar a los dos órganos en la misma regulación y sumar aspectos como las multas ante recursos con «finalidad espuria», como planteó el PSOE y consideró conveniente el presidente de la institución, Agustín Sánchez de Vega. En la Comisión de Presidencia de las Cortes, en la que se presentó la Memoria de la actividad relativa a 2019, los portavoces de los grupos Socialista, Popular, de Ciudadanos y Mixto -Yolanda Sacristán, Leticia García, María Montero y Laura Domínguez- recogieron el guante lanzado por Sánchez de Vega, que planteó la necesidad de tramitar una nueva ley para la institución, para lo que el PP apostó por una iniciativa conjunta, informa Ical.

El presidente del Consejo Consultivo insistió en que su propuesta busca hacer un «ajuste» técnico y jurídico, sin entrar en cuestiones políticas, puesto que argumentó algunas cuestiones requieren un «retoque» y un «mejor ensamblaje». Así, saludó la propuesta de los socialistas de interponer multas puesto que explicó que a veces suspenden el procedimiento de contratación por un recurso, que se suceden desde el anuncio, la licitación y la adjudicación, lo que les obliga a revisar todo el hecho.

Agilidad y eficiencia

La socialista Yolanda Sacristán apostó por aprovechar la reforma legislativa para otorgar más agilidad y eficiencia en la gestión interna de los medios técnicos de la institución, cuyo trabajo reconoció. Además, valoró que las resoluciones se adoptan por debajo del plazo legal y puso el acento en el volumen de las reclamaciones patrimoniales en materia de sanidad, lo que se agravará tras la pandemia y señaló que esta Consejería tarda dos años en responder. 

La procuradora de Podemos Laura Domínguez recalcó la falta de personal, más aún ante el incremento previsible de la actividad, y puso de manifiesto la demora en reclamaciones patrimoniales de sanidad. Además, garantizó el apoyo de su formación a la tramitación de una nueva norma para la institución propia de la Comunidad, con sede en Zamora.

La popular Leticia García señaló que la institución es una «garantía» de la aplicación del derecho, por lo que valoró que se mantuviera la actividad a pesar de la pandemia de la covid-19, y tomó nota de su demanda de más presupuesto y de la necesidad de actualizar su normativa. Además, subrayó los plazos de resolución, su autoridad y la implantación al Tribunal Administrativo de Recursos Patrimoniales, una entidad de «éxito». 

Finalmente, en nombre de Cs, María Montero pidió que se haga un esfuerzo en los próximos meses para mantener los tiempos de resolución y valoró la «utilidad y solidez» del Consejo, por lo que animó a su presidente a continuar con el esfuerzo de difusión de la institución. También, valoró la certidumbre que ofrece el carácter unánime de los dictámenes, sin votos particulares, y consideró una «fórmula de garantía» la doble condición de Consultivo y Tribunal de Recursos Patrimoniales.