Los procuradores socialistas por Palencia, Consolación Pablos, Jesús Guerrero y Rubén Illera, demandan en las Cortes de Castilla y León información relativa al acuerdo alcanzado con la empresa adjudicataria de las obras del bloque técnico del nuevo hospital tras superarse las discrepancias existentes entre ambas partes.

Ante el inminente reinicio de las obras, previsto para el lunes, el PSOE quiere conocer a qué acuerdo se ha llegado con la empresa, teniendo en cuenta que esas discrepancias, reconocidas por la propia administración autonómica, han propiciado un retraso en el inicio de las obras de más de seis meses.

Los socialistas han presentado una batería de preguntas relativas a la posible modificación del proyecto, de los plazos de ejecución o de su presupuesto que alcanza los 36 millones de euros. Estas dudas se ven potenciadas tras conocerse el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que ha encontrado deficiencias en 60 contratos de los 70 analizados y en los que pide a la Junta que refuerce la objetividad en los criterios de adjudicación. 

«Entre estos contratos con deficiencias se encuentra el redactado desde la Gerencia Regional de la Salud referente a las obras del bloque técnico del hospital Río Carrión, por incumplir el plazo de adjudicación y no notificar la decisión correctamente al adjudicatario y al resto de licitadores. Tampoco se publicó con arreglo a la ley la formalización definitiva en los boletines oficiales», recalcal desde el PSOE.

En este sentido, los procuradores socialistas exigen «la máxima transparencia» en todo el proceso como consecuencia de «las muchas dudas que está generando la adjudicación de la obra y el posterior acuerdo alcanzado con la empresa del que nada se sabe y que podría poner en riesgo tanto el presupuesto como el plazo de realización de la obra que debería estar concluida en mayo de 2021».

El informe del Consejo de Cuentas al que hace referencia el PSOE, concluía que la administración general e institucional de la comunidad «cumple razonablemente» con la legalidad aplicable en materia de contratación, a excepción de determinadas limitaciones y salvedades que afectan al principio de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la normativa de contratos del sector público.