El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy que, aunque lo acata, ve “muy grave” el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que suspende cautelarmente el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas tras la petición del colectivo animalista Pacma. “Discrepamos de una forma total, absoluta y profunda al perjudicarse los intereses generales y no solo los culturales o tradicionales y económicos que pueda tener la caza, sino también los ambientales y seguridad de las personas”, dijo.
En ese sentido anunció que se recurrirá “de inmediato y por todos los cauces posibles” contra un pronunciamiento que “es cautelar” pero que, a juicio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente “va más allá y prejuzga el fondo del asunto y deja a la Administración autonómica y a Castilla y León en una situación de indefensión”.
Para el consejero, en el auto hay un voto particular que había propuesto a la sala del TSJ de Valladolid la desestimación de la suspensión de la medida cautelar de suspensión del decreto que pidió la asociación animalista Pacma. “La mayoría de la sala no ha aceptado esa decisión y hay que acatarlo, pero el magistrado ponente dictó ese voto particular y, más que valorarlo yo, la ciudadanía, y quien tenga interés en ver lo que es para la Comunidad un futuro sin caza durante bastante tiempo, debe leerlo y hacer su propia valoración”, apuntó en declaraciones recogidas por Ical.
Suárez-Quiñones sostuvo que “todo el mundo reconoce” un exceso de fauna salvaje que produce daños y que la caza “sirve para controlar a estas especies, generando además recursos económicos en los cotos”, y añadió que la Junta “pude presumir de tener funcionarios, agentes medio ambientales y técnicos de todo tipo de cualificación y de primera categoría que han emitido informes muy relevantes sobre el estado de conservación de fauna salvaje”.
Además, expresó que al TSJ no le “parece suficiente” que no solo existan informes públicos sino también de otras entidades externas y de asociaciones conservacionistas que se han aportado al expediente correspondiente del que deriva el dictado del decreto de 10/2018. “La Junta lo dictó para sustituir unos artículos anulados por la propia sala del TSJ y asumimos sus criterios interpretativos a pesar de que la sentencia está recurrida al Supremo, elaborando un nuevo decreto para ajustarlo a su interpretación. Parece ser que no ha sido suficiente desde el punto de vista cautelar”, significó.
Explicarlo a los afectados
Para el consejero “va a ser muy difícil de explicar” a los agricultores y usuarios de las vías públicas de vehículos que no va a haber una medida de control de fauna salvaje a través de la caza. “Este medio es el que determinaba el control del exceso de conejos, jabalíes y animales ungulados. Entendemos que el partido animalista Pacma no ha acreditado que el decreto tuviera algún tipo de perjuicio para la conservación de las especies cinegéticas y solo ha hecho una declaración genérica que, dicho sea con todo el respeto, ha sido acogida sin más acreditación". Continuó que para la suspensión cautelar "no se ha tenido en cuenta la ponderación de intereses generales que se han desprotegido, en este caso los de Castilla y León, frente a otros particulares”.
Por ello, Suárez-Quiñones señaló que la Junta reaccionará con “los recursos que proceda presentar en Derecho”, ya que la decisión del TSJ no suspende de inmediato solo la caza del lobo “sino las de todas las especies cinegéticas”, algo respecto a lo que, recordó, se “pronunciaron las Cortes entendiendo que la caza es algo esencial para los intereses de Castilla y León casi con absoluta unanimidad, salvo un único procurador que no votó a favor”.