La reanudación de las vistas orales en la Audiencia Provincial tras la llegada de la nueva normalidad y después de tres meses de confinamiento por el estado de alarma y con presencia física de los acusados fue ayer una realidad con la celebración de hasta dos juicios.

El primero de ellos tuvo como protagonista a un sacerdote cántabro, J.P.V., que se sentó en el banquillo de los acusados para responder de un delito de estafa supuestamente por no satisfacer el alquiler y los gastos generales de una vivienda que alquiló en la capital palentina.

El cura apuntó durante el juicio que la disputa con el acuerdo del alquiler se produjo porque la casa no disponía ni de televisión, ni microondas ni frigorífico, lo que suponía, a su juicio, una vulneración del acuerdo establecido con la propietaria.

El fiscal, que inicialmente había solicitado para J.P.V. una pena de un año y medio de prisión y 1.662 euros de indemnización, se mantuvo en sus postulados durante la lectura del informe final, si bien dejó constancia sobre las dudas de si estamos antes un delito de estafa o un asunto que debe dirimirse en el ámbito civil. 

Por su parte, la acusación particular ejercida por la mujer que alquiló el piso elevó también a definitivas sus conclusiones y pidió para el acusado tres años de prisión por el delito de estafa, así como 5.000 euros de indemnización para la víctima por daños y perjuicios.

Asimismo, la defensa de J.P.V. pidió la libre absolución para su patrocinado.

Los hechos, que fueron juzgados ayer, se remontan al 11 febrero de 2019 cuando la mujer, propietaria de un piso en Palencia, denunció que alquiló la vivienda y entregó dos juegos de llaves al párroco y que, desde entonces, no abonó dinero alguno ni abandonó el inmueble, pese a sus requerimientos, hasta bastante tiempo después.

El contrato de alquiler se estableció en 575 euros mensuales, además de uno de fianza y la asunción de los correspondientes gastos generales. 

Sin embargo, el fiscal mantenía que supuestamente el acusado no llegó a pagar el alquiler dejando una deuda reconocida que ascendía a 1.662 euros. Por ello, califica los hechos como un delito de estafa a la propietaria, que en este caso ejerce también como acusación particular.