La sequía ahoga el campo

SPC
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UCCL cifra en 800 millones las pérdidas de este año en el sector y pone la vista en la negociación de la PAC como el principal reto

Imagen de un campo de cultivo afectado por la sequía - Foto: Miguel Ángel Valdivielso

Un año «malo con mayúsculas» para el campo castellano y leoneses, que ha sufrido unas pérdidas cercanas a los 800 millones de euros, principalmente por las consecuencias de la sequía. Este fue el resumen anual que realizó ayer el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, que lamentó la «durísima» sequía, donde habló de que incluso se han acumulado pérdidas de más de 300 euros por hectárea. Si embargo, Palacín apostilló que el año ha resultado «malo pero no catastrófico» salvo en estas zonas del sur de Castilla y León, al tiempo que criticó que finalmente no fuera posible materializar una ayuda específica que desde la organización estimaron que era «una buena idea». Además, se refirió a la ganadería extensiva como «la más afectada» por la falta de pastos, de agua y el aumento de los costes de producción de paja y forraje.
Pero la sequía no ha sido el único inconveniente que ha tenido que salva el sector agrícola y ganadero. Las plagas, en especial la de topillos y conejos, y la abundancia de fauna salvaje han sido otros de los grandes problemas del sector. En alusión a la plaga de topillos, que ha afectado de manera especial a las provincias de Palencia, Valladolid y buena parte de Burgos, el responsable de UCCL auguró que, si no se produce un invierno duro, los daños en el campo serán «importantísimos» por una plaga que «sigue extendiéndose».
A juicio de Palacín, las medidas que se han adoptado son «insignificantes» y pidió «contundencia»,  teniendo en cuenta que también provoca daños en la salud , con 64 casos de tularemia detectados, según informa Ical.
Con la vista ya puesta en el próximo año 2020, el coordinador de la Unión de Campesinos apuntó a la negociación de la Política Agraria Común (PAC) a nivel europeo como el principal «reto» que tiene el sector autonómico ya que, aunque el documento no se prevé que entre en vigor antes del año 2022, la principal negociación se desarrollará durante el primer semestre del próximo año, un periodo que será «vital» para los intereses de agricultores y ganaderos a título principal.