La Junta de Castilla y León ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación del catálogo de puestos de trabajo (RPT) de 2019 del personal funcionario de Castilla y León, y ya se trabaja para reunirse con los representantes de los trabajadores para consensuar un nuevo catálogo, según anunció ayer el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, antes de participar en la entrega de distinciones a los empleados públicos de la Administración regional en la Delegación Territorial de Burgos. En este sentido, Ibáñez manifestó que el pasado jueves se conoció la citada sentencia que afectaba, precisó, «al catálogo de puestos tipos» que se aprobó por parte de la Junta Castilla y León en marzo de este año y en ese sentido, anunció que «después de leer la sentencia», la Junta ha decidido «no recurrir» esta decisión judicial.

La sentencia estima el recurso de la Unión Sindical de Castilla y León por considerar que la aprobación el pasado mes de marzo del catálogo, a través de un decreto, que sirve como instrumento de clasificación y ordenación de los puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad, vulneró el procedimiento legalmente establecido. El consejero dijo que «se va a estar especialmente atentos a los argumentos que han puesto de manifiesto los tribunales». De esta forma, avanzó que «desde este mismo momento se va a iniciar un nuevo marco de diálogo para tratar de consensuar con las organizaciones sindicales nuevos instrumentos en relación con lo que tiene que ver con el catálogo de puestos tipo con las relaciones de puestos de trabajo» con el objetivo de que «desde el diálogo y el consenso» se puedan «mejorar» estos instrumentos y puedan estar al servicio de la función pública en Castilla y León.

El responsable de Presidencia indicó que «se va a hacer un esfuerzo de aproximar las tesis de la Junta Castilla y León a lo que nos han marcado los tribunales» y declaró: «Seguir el camino que nos han indicado también quiere decir que esta cuestión, que evidentemente afecta a lo que era un instrumento básico como son las relaciones de puestos de trabajo, está también hablando de que la Junta de Castilla y León hace escasas semanas cuando tuvo que aprobar el concurso abierto y permanente de funcionarios, lo hiciera de modo aplazado esperando alguna resolución judicial», según informa Ical.

«Yo creo que esa prudencia y ese principio de seguridad jurídica que ya aplicamos entonces ha demostrado que fue la mejor solución posible, de tal modo que ahora mismo 2.700 personas que habían obtenido su plaza en ese concurso abierto y permanente lo dejamos aplazado hasta resolver sentencias», valoró Ibáñez, que se felicitó por que «menos mal que no se tomó la decisión de mover esas personas porque si no estaríamos en un auténtico lío, tanto ellos como la propia Administración autonómica».