No es la primera vez que ocurre ni será la última hasta que se actualice el PERI del Casco Antiguo. El Ayuntamiento denegó recientemente una petición para modificar el Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de cambiar la catalogación de una edificio en ruinas ubicado en el número 69 de la calle Mayor Antigua, un edificio incluido en el Catálogo de Elementos Protegidos incluido en Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PERI) del Casco Antiguo.

La historia es casi siempre la misma. Los propietarios quieren tirar abajo el inmueble para construir uno nuevo en su lugar, pero cuando se disponen a hacerlo comprueban que está protegido. En este caso, esta edificación, de finales del siglo XIXy de estilo neohistoricista y que consta de planta baja más otras dos, tiene valor para los expertos por su zócalo de piedra, su muro estucado con esgrafiados, los ornamentos en mortero de sabor clasicista y la rejería de balcones pintada con motivos ornamentales afrancesados.

En definitiva, un edificio que pese a su evidente mal estado, es digno de conservar, por lo que se le protege con una calificación Ambiental I, es decir, los propietarios están obligados a conservar como mínimo su fachada y formación de cubierta, una condición que hace inviable casi cualquier inversión.

En este caso en concreto, la firma Nueva Cartera Solar solicitó en marzo de 2018 al Ayuntamiento un cambio en el planeamiento, que cuando llegó a manos de la arquitecta jefe del Consistorio quedó sobre la mesa hasta contar con el dictamen de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Dicho informe llegó en julio y denegaba el cambio de protección del edificio, al entender que «el mal estado de conservación no puede ser motivo para rebajar su grado de protección» y que solo se justificaría en caso de «cambios en los valores culturales que motivaron la protección urbanística».

El problema es que ese Catálogo de Elementos Protegidos -en el que se incluyen 238 inmuebles- data de 1999 y lleva 20 años sin tocarse, lo que está causando un verdadero quebradero de cabeza al Ayuntamiento, pero sobre todo a los constructores que quieren invertir en vivienda nueva en el Casco Antiguo y que tienen incluso que llevar su lucha a los tribunales, como ocurrió, por ejemplo con el número 11 de la calle Menéndez Pelayo, donde fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien acabó dando la razón a los propietarios para derribar una fachada tras cuatro años de enfrentamiento con el Consistorio.

debate político. Por ese motivo, la actualización del PERI del Casco Antiguo es uno de los debates que se mantienen en la actualidad en la concejalía de Urbanismo. Todos los grupos políticos están de acuerdo en que es necesario un nuevo estudio de los edificios protegidos de la ciudad, algo que el edil de Urbanismo, Luis Fernández, recuerda que ya se está tramitando, «pero es un documento complejo», para recordar a continuación que el Ayuntamiento «poco puede hacer ante un informe vinculante de la Comisión de Patrimonio Cultural».

Desde Ganemos se insiste en que el Casco Antiguo necesita «un estudio previo de todos los edificios para lograr su homogeneización», mientra que Vox sostiene que junto a «edificios magníficos que hay que conservar» existen otros muchos «que no responden al estado de conservación ni a la necesidad de mantenimiento» que se recoge en el catálogo. 

Vox, critica también que un expediente iniciado en 2018 se resuelva casi dos años después, propone una revisión del PERI y de los edificios catalogados «con un ojo crítico, porque eso determinará qué edificios tienen que seguir manteniendo esa protección y cuáles no». 

Una medida en la que Luis Muñoz, concejal del PSOE, lleva años insistiendo «porque hay un goteo casi continuo de propuestas de revisión de protección de edificios, que aconseja una revisión general de todos los edificios, en vez de ir uno por uno».

No obstante, el edil, experto en urbanismo, también hace hincapié en que este tipo de edificios «son nuestro patrimonio cultural y hay que protegerlos», lo que no significa que no se cambien y actualicen los criterios de protección, apunta.