UGT, CCOO y la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales aplaudieron ayer la puesta en marcha -con el consenso sindical y las principales asociaciones de la industria-, del denominado Plan de Impulso a la cadena de valor de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada. La actuación incluye 20 medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logístico, competitividad, formación y cualificación profesional, compra pública sostenible y planificación estratégica con 3.750 millones de presupuesto y medidas de impacto a corto plazo.
«Todo lo que sea contribuir a estimular la demanda de vehículos tras el parón de ventas por la Covid-19 es positivo y con la idea de ir hacia un modelo de producción sostenible», explicó Juan Carlos González desde CCOO.
A su juicio, el objetivo debe ir dirigido a renovar el parque automovilístico, con casi 13 años de antigüedad media, y «buscar que los vehículos no sean contaminantes con una transición hacia el vehículo ya totalmente eléctrico, ya que si se va logrando mayor autonomía no será ya necesario el híbrido», dijo, al tiempo que añadió que el Plan debe llevar aparejado «una estabilidad y calidad en el empleo, que se añada a las industrias auxiliares porque algunas, aunque hay excepciones, tienen precariedad y salarios inferiores».
Julián Martínez, de UGT, lanzó un mensaje de «positivismo» ya que en su opinión la industria en general y la automoción en particular lo necesitan en plena pandemia. «Se necesitaba que el Estado pusiera dinero por delante y el caso de la industria automovilística, ya antes con problemas de mercado, es clave que se incentive el consumo y con ello la compra de vehículos nuevos».
Para el dirigente sindical se ayuda «a alejar el fantasma de que las empresas piensen en más Ertes, despidos o menos contrataciones», y también se prima la renovación de vehículos y que «se fabrique modelos que emitan menos emisiones y con ello no acelerar el cambio climático, pasando progresivamente a los coches eléctricos pero sin olvidar todavía a los de combustión en las ayudas a la compra».
José Ignacio Carrasco, presidente de la CPOE, significó que el Plan era «muy necesario pero con menos dinero» del aplicado por el Gobierno francés para salvar su industria automovilística, «al ser uno de sus accionistas», y para las fábricas españolas, y en concreto la de Renault en Villamuriel «aleja la idea de que pueda ser deslocalizada».
El dirigente empresarial añadió que los incentivos para el vehículo eléctrico «deberían esperar a ser altos cuando estén más desarrolladas las baterías y ahora primar a los híbridos cuyos dueños lo cambiarán por otro eléctrico»