La regulación autonómica del teletrabajo entre los empleados de la Junta de Castilla y León obligará a que, al menos, una jornada cada semana sea de carácter presencial, mientras que el resto podrá realizarse a distancia. El nuevo decreto de Presidencia para adaptar la normativa de Castilla y León al teletrabajo tras el ‘boom’ sufrido durante la pandemia y que afectaría a los 85.000 empleados públicos de la Junta, sigue negociándose con los sindicatos, aunque estos reconocen que la propuesta presentada por el departamento de Ángel Ibáñez está «en la buena dirección», pero insisten en que todavía falta por pulir algunos flecos.
Con todo, tanto desde la Consejería como desde los sindicatos aseguran a este periódico que prevén que el texto que regulará las condiciones, procedimientos y deberes de los teletrabajadores de la Administración autonómica estará aprobado en el último trimestre del año, toda vez que falta de rematar la negociación con los sindicatos, ir a la mesa de la Función Pública, y emitirse los preceptivos informes previos a su ratificación.
El texto, que ha estado colgado para consulta pública hasta hoy en el Portal de Transparencia de la Junta, sienta las bases de lo que será el nuevo decreto de teletrabajo para los funcionarios de la Junta. Establece así que, al menos, un día a la semana el teletrabajador tendrá que realizar su jornada de forma presencial. Además, exige que para «garantizar su funcionamiento eficiente» no podrá haber más del 60 por ciento de la plantilla trabajando en remoto. Por otra parte, deja por el momento fuera de la posibilidad de teletrabajar al sector educativo y sanitario, así como las oficinas de registro y atención e información al ciudadano, las secretarías de los órganos superiores y directivos y los puestos con atención 24 horas.
También fija el derecho a la «desconexión digital», que podrá ser solicitado tanto personal funcionario de carrera o interino como personal laboral fijo o temporal, y exige poseer conocimientos informáticos y telemáticos que garanticen la aptitud para el teletrabajo. Algo, esto último, que los sindicatos reclaman que se retire del decreto, ya que estiman que debe ser la Administración quien forme a sus trabajadores para el desempeño.
Demandas sindicales
Una de las grandes demandas de los sindicatos al actual documento es que, a pesar de quedar estipulado que será la Junta quien ponga los equipos –portátil y móvil– y programas necesarios, no hace referencia a quién deberá pagar el internet o la luz durante el tiempo del teletrabajo. «Uno de los puntos que seguimos reivindicando es que se analice el computo de esos gastos a mayores para hacer un cálculo, porque hay que ver quien va a soportar los gastos de luz, internet o calefacción», asegura Juan Carlos Hernández, responsable de Personal Funcionario de CCOO. Una postura que también comparten desde CSIF, que insisten en que la Administración «pague el internet y la luz porque es un medio tecnológico», y recuerdan que la Administración General del Estado ha dotado a los teletrabajadores de tarjetas de datos.
Otro de los obstáculos que denuncian los sindicatos es que, con el actual documento, se «encorseta mucho el horario», ya que el texto prevé que el teletrabajo se realice «respetando en todo caso la normativa de jornada y de horario de la administración». Una medida que para CSIF «limita mucho» las posibilidades de conciliar, ya que si «puedes trabajar de 8 a 2, igual no te hace tanta falta el teletrabajo».
El nuevo decreto, que actualizará el anterior de noviembre de 2017, establece en dos años el periodo de vigencia del permiso de teletrabajo, que podrá prorrogarse, tantas veces se quiera, año a año. El propio consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, reconoció recientemente que esperan un incremento «exponencial» de las autorizaciones del teletrabajo que en la actualidad disfrutan 611 de los 85.000 empleados.
No obstante, tanto desde CCOO como desde CSIF reconocen que «en líneas generales» están «contentos» con la propuesta que está sobre la mesa y que debatirán el próximo martes, 1 de junio. Eso sí, coinciden en la necesidad «urgente» de que vea la luz cuanto antes para poder acelerar los permisos de teletrabajo entre los empleados de la Administración autonómica.