La oferta de plazas del próximo curso asciende a 9.317

DP
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Las familias, aunque no dispongan de certificado electrónico, pueden presentar la solicitud hasta el 26 de mayo a través de varios medios informáticos. Además hay un servicio de asesoramiento telefónico

El estado de alarma paralizó el proceso de admisión del alumnado para el curso 2020-2021, desde ayer en marcha en formato electrónico para poder presentar la solicitud hasta el 26 de mayo. En la provincia, la oferta provisional de plazas asciende a 9.317, que se desglosan en 3.059 en Infantil, 3.808 en Primaria,  1.617 en Secundaria y 833 en Bachillerato.

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 el proceso de admisión ha sido adaptado para promover la presentación electrónica/no presencial de solicitudes como vía preferente de participación. Aunque las familias no dispongan de certificado electrónico, podrán presentar la solicitud a través de varios medios informáticos a los que se podrá acceder desde la sede electrónica de la Junta de Castilla y León  (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y desde el Portal de Educación (www.educa.jcyl.es).  Además, para ayudar a completar y enviar la solicitud, habrá un servicio de asesoramiento en los teléfonos 983 70 95 06 y 900 10 11 05 -gratuito- desde las 9 hasta las 19,30 horas de lunes a viernes.

La consejera de Educación, Rocío Lucas,  explicó días atrás  los detalles de un sistema electrónico con el que los progenitores  pueden solicitar plaza para sus hijos en el centro que elijan. En este sentido,  quiso «mandar un mensaje de tranquilidad, porque la Consejería de Educación ha trabajado para poner en marcha un sistema que sea sencillo y que esté al alcance de cualquier hogar».

Puede solicitar plaza escolar para el curso 2020-2021 el alumnado que no pueda continuar sus enseñanzas obligatorias por no impartirlas donde actualmente se encuentre matriculado; aquel que desee cambiar de dentro y el que inicie sus enseñanzas (2º ciclo de Educación Infantil). 

La presentación de la solicitud de admisión implica la autorización a la Administración educativa para realizar la verificación directa y/o electrónica de los datos de identidad, empadronamiento a través del servicio de verificación de datos de residencia, renta, discapacidad y familia numerosa cuando hayan sido reconocidas por la comunidad, o trabajador de centro sostenido con fondos públicos cuando preste sus servicios en esta región.