La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, denunció hoy que la Junta ha roto un “pacto de Comunidad sobre financiación local” al “imponer nuevas condiciones” a los ayuntamientos en este sentido, “infringiendo” además el Estatuto de Autonomía, que “prohíbe modificar la financiación local mediante decreto-ley”, concretamente el 6/2020, que modifica el Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos y que en 2020 cuenta con una dotación de 37,3 millones de euros.

La responsable socialista señaló que la decisión “unilateral” del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco afecta a los fondos destinados a las diputaciones y los municipios de más de 1.000 habitantes. Se trata, sostuvo Barcones, de un “nuevo episodio” de toma de decisiones “adoptadas sin ningún consenso y modificando las reglas del juego en mitad del partido, una actitud que está enfrentando a toda la sociedad con la Junta de Castilla y León”.

Así, explicó que las instituciones provinciales y ayuntamientos superiores a 20.000 habitantes “ya no tendrán que dedicar a políticas de empleo el 50 por ciento de estos fondos para hacer frente a los desafíos demográficos, cuando más falta hacen políticas de apoyo al empleo”. Sin embargo, añadió Barcones, la otra mitad que hasta ahora podían destinar con plena autonomía a las necesidades que apreciaran en su propio territorio, “lo tendrán que asignar obligatoriamente” a inversiones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, “precisamente cuando las políticas frente al COVID-19 ya han obligado a otro tipo de gastos de limpieza y apoyo a las personas y familias con más necesidades, a autónomos y empresas, para sostener la actividad económica y el empleo”.

Por lo que respecta a los municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, que antes recibían de este fondo recursos incondicionados, los tendrán que dedicar ahora en su totalidad a inversiones para cumplir los ODS. “Esta decisión es un hachazo a la autonomía local, consagrada en la Constitución, el Estatuto y la Carta Europea de Autonomía Local. Es un desprecio sin precedentes a los ayuntamientos de nuestra Comunidad”, advirtió.

Además, añadió, supone una “nueva e innecesaria carga administrativa” de justificación del destino de estos fondos, antes incondicionados, y simplemente sometidos a la fiscalización interna y externa. “Se complica la gestión local cuando más necesaria es la agilidad y la eficacia en la acción pública. En la Junta, la burocracia se impone a toda racionalidad”, sostuvo Barcones, quien insistió en que esta decisión “se toma unilateralmente, mediante decreto-ley, rompiendo un pacto político de Comunidad sobre financiación local”, un pacto en materia de empleo y sin contar con el Consejo de Cooperación local, con la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, ni con la propia FRMP. “No cabe mayor desprecio a las reglas de la lealtad política e institucional, que constituyen las bases de la práctica democrática”, reiteró.

“Flagrante incumplimiento”

Barcones cargó contra la Junta con “incumplir de forma flagrante el Estatuto de Autonomía”, que reserva a Ley de Cortes la materia de la financiación local (art. 55.3), que por tanto queda prohibida para su regulación mediante Decreto-ley (art. 25.4). “La Junta ha pretendido evitar la participación ciudadana y de las entidades locales en el proceso de elaboración de esta norma, además de la intervención del CES y el Consejo Consultivo, que les hubieran sacado los colores a la vista de este despropósito”, añadió.

Por último, Virginia Barcones destacó que “no se le pueden cambiar las reglas de gasto y ejecución del presupuesto” a las entidades locales “a mitad del ejercicio, en un año de gasto extraordinario como consecuencia de la crisis sanitaria y sus secuelas económicas y sociales, frente a las que han sabido actuar con solvencia y responsabilidad, poniendo por delante las necesidades de los vecinos”.

La vicesecretaria general de los socialistas destacó el “compromiso” de los alcaldes con los ODS de la Agenda 2030, así como con las políticas frente a la despoblación y otros retos demográficos. Por ello, reclamó el desarrollo de unas “políticas propias en estas materias abiertas en su diseño, pero con pleno reconocimiento de su autonomía local”. “La implicación de los municipios en estas políticas no debe condicionar, sin embargo, la financiación ordinaria con cargo a los ingresos de la Comunidad”, incidió.