Trece años, nueve meses y 18 días en el poder se fueron al traste en apenas tres semanas. Las que pasaron desde las elecciones del 20 de octubre al 10 de noviembre, día en el presidente de Bolivia, Evo Morales, se vio obligado a dimitir para tratar de detener las protestas iniciadas en su contra. Las calles del país ardieron tras la reelección de Morales, que pretendía iniciar su cuarto mandato consecutivo, pero las acusaciones de fraude en los comicios y la firme oposición de sus detractores a reconocer la victoria oficialista -que finalmente fue cuestionada por la Organización de Estados Americanos (OEA)- acabaron por tumbar el Gobierno del primer líder indígena que llegó al Ejecutivo y que pretendía seguir haciendo Historia.
Morales, que llegó a la Presidencia en 2006 gracias al respaldo de sectores sociales tradicionalmente marginados, comenzó su declive 10 años después. Hasta entonces, había sorprendido a muchos, más allá de América Latina, por su gestión económica -llegó a plantar cara a multinacionales con la nacionalización de los hidrocarburos, que supuso un crecimiento del país de hasta un 5 por ciento- y por sus avances en igualdad en una población ampliamente segmentada. Sin embargo, las contradicciones en materia medioambiental le pasaron factura, siendo un fiel defensor de la «Madre Tierra» y permitiendo, a su vez, la quema indiscriminada de bosques y espacios naturales.
El principio del ocaso
Pero si hay un punto de inflexión, ese fue cuando decidió aferrarse al cargo. A pesar de que había manifestado que se retiraría después de tres mandatos, el ansia de poder pudo con él. En 2016 se celebró en Bolivia un referéndum para decidir si el presidente podía optar a una nueva legislatura. Y ganó el no con un 51,3 por ciento. Pese a ello, logró una sentencia a su favor del Tribunal Constitucional un año después y, con base en ella, la habilitación para ser candidato electoral en 2018.
Este gesto provocó el rechazo de muchos que entonces eran sus seguidores. Morales insistió en que solo buscaba la reelección para poder extender su «proceso de cambio» hasta 2025, año del bicentenario de la independencia de Bolivia. No obstante, el temor a que se perpetuara en el poder se instaló entre buena parte de la ciudadanía, que consideraba inconstitucional la postulación del líder sindicalista.
La opositora Jeanine Añez se autoproclamó jefa del Ejecutivo el pasado miércoles.Pese a ello, el dirigente se impuso en las urnas el pasado 20 de octubre. Pero su victoria estuvo cuestionada desde el principio y derivó en la peor crisis vivida en la Historia reciente del país. Multitudinarias protestas y la dura actuación de los manifestantes y las Fuerzas del Orden desataron importantes incidentes, que se han cobrado ya al menos 10 víctimas mortales y cerca de medio millar de heridos.
Cada vez más cercado por los organismos internacionales, que le instaban a repetir los comicios, anunció el pasado domingo que habría una reedición de las elecciones. Fue insuficiente. Horas después, se vio obligado a dimitir de su cargo, una actuación que buscaba «parar esta masacre».
Nadie parecía dispuesto a hacerse con las riendas del Gobierno. Su vicepresidente y numerosos ministros renunciaron poco después de Morales, quien huyó de «un golpe de Estado» a México, país que le ha dado asilo político y desde donde pretende «mantener la lucha». Pero Bolivia se prepara para una nueva etapa, con la opositora Jeanine Añez como autoproclamada presidenta interina para emprender otro rumbo.