El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), defiende que las comunidades con retos demográficos no pueden esperar más y considera que se ha llegado a un punto sin retorno y este es un buen momento para la revisión del sistema de financiación. Lambán ha respondido a las preguntas de la Agencia Ical ante la firma mañana en Soria, junto con los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, de un documento a la Unión Europea para que el mapa de ayudas regionales contemple zonas muy poco pobladas. El presidente aragonés reflexiona sobre la gestión de la pandemia, el Estado autonómico y la salida de la crisis originada por el COVID-19. “De esta crisis no se puede salir por la izquierda ni por la derecha. Hay que buscar grandes acuerdos transversales”, sostiene.
El reto demográfico está ya en la agenda nacional, ¿cree que las medidas pueden llegar tarde ante la ausencia de la esperada Estrategia Nacional?
La verdad es que las comunidades autónomas con retos demográficos comunes no podemos esperar más. Es por ello que intentamos asumir este reto y la lucha contra la despoblación a través del ejercicio de nuestras propias competencias. La Estrategia Nacional trae causa de la VI Conferencia de Presidentes, en enero de 2017. Se tomaron dos acuerdos muy importantes: elaborar una Estrategia Nacional sobre el Reto Demográfico y abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas desde la perspectiva del coste de los servicios básicos en el territorio. Ambos asuntos siguen hoy pendientes. Durante el mandato de Rajoy apenas se hizo nada. Con Sánchez se avanzó en la elaboración de unas directrices generales de la Estrategia Nacional y hasta ahora nada más. De la reforma del modelo de financiación que tendría que estar realizada desde el año 2014, ni está ni se le espera. Supongo que los tiempos de convulsión política permanente en el que nos hemos instalado sin posibilidad de consolidar gobiernos estables afecta muy negativamente para avanzar en estos acuerdos.
La alianza de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, ¿qué puede aportar a la lucha contra la despoblación?
La política de alianzas entre las regiones con retos demográficos comunes es un magnífico instrumento que nos permite analizar mejor el problema de la lucha contra la despoblación desde la perspectiva de las singularidades territoriales de cada comunidad autónoma y mantener renovadas nuestras reivindicaciones ante el Gobierno de España y la Unión Europea. Ambos niveles administrativos son fundamentales para abordar el reto demográfico con ciertas garantías de éxito. El foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) ha trabajado los últimos años manteniendo activas las demandas de las comunidades autónomas del interior y dudo mucho que un modelo de financiación que tenga en cuenta las variables territoriales y demográficas pueda ser factible sino es mediante una gran alianza entre las regiones afectadas que representan más de la mitad del territorio de España.
Qué prácticas han dado mejor resultado a Aragón para combatir la despoblación y que puedan trasladarse a Castilla y León
Insisto que cada comunidad autónoma tiene sus singularidades territoriales y con arreglo a ellas deben diseñarse las políticas que impacten de manera positiva en el medio rural y ayuden a revertir las cifras demográficas. No existen varitas mágicas para la lucha contra la despoblación ni creo que una estrategia nos vaya aportar soluciones. Creo que el medio rural necesita buenos servicios básicos y políticas de desarrollo socioeconómico que generen crecimiento en términos de producción y empleo. Para ello hacen falta recursos. Por eso nuestra reivindicación más urgente es un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta el coste de los servicios básicos y de las infraestructuras en el medio rural. Una escuela puede costar tres veces más en las zonas despobladas que en el medio urbano y las carreteras se miden por kilómetros no por habitantes. Estos ejemplos simples pero contundentes relatan bien la realidad. Si el reto demográfico es una prioridad tiene que visualizarse en un nuevo modelo de financiación autonómico y debe reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado.
¿La crisis sanitaria y la búsqueda de espacios sin aglomeraciones es una oportunidad para el mundo rural?
Hemos vivido una situación sin precedentes en España. Todo esto debe obligarnos a reflexionar sobre nuevos escenarios de previsión ante fenómenos similares, sobre prioridades políticas y sobre la necesidad de llegar a acuerdos en los asuntos que afecten a la prestación de los servicios básicos. Los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, y servicios sociales, para todas las personas vivan donde vivan deben ser prioridad para todos los gobiernos de las Comunidades Autónomas. En Aragón durante la legislatura anterior aumentamos en 400 millones de euros las cantidades destinadas a los recursos sanitarios y ello nos ha permitido, sin duda alguna, afrontar desde mejor posición las dificultades a las que nos ha sometido la pandemia. La búsqueda de espacios sin aglomeraciones suele ser cosa de fines de semana. Tenemos que cambiar este concepto para que la visión sobre el medio rural tenga cierta vocación de permanencia. Tampoco se trata de llenar los pueblos de gente sino de equilibrar demográficamente el territorio. Hay que conseguir dinamizar el medio rural para que la falta de servicios o de oportunidades de empleo no sean motivo para no poder vivir en los pueblos.
Hasta ahora mucha de la estrategia de la lucha contra la despoblación ha pasado por los servicios públicos en el territorio, pero se ha visto insuficiente, ¿qué se puede hacer para revitalizar económicamente el territorio?
La revitalización o dinamización del medio rural pasa por la consolidación de los servicios básicos y en paralelo por la generación de oportunidades de desarrollo y empleo. En estos dos grandes ejes caben todas las derivadas para propiciar un nivel de vida digno a la población rural en términos de renta, calidad y bienestar, desarrollando políticas de discriminación positiva hacia sus habitantes y teniendo en cuenta la estructura de asentamientos de las distintas regiones.
La meseta se repobló con una política fiscal agresiva (eliminando los impuestos a los que se asentaban aquí). ¿Cree que la política fiscal puede ser en la actualidad una herramienta eficaz para luchar contra la despoblación?. ¿Hasta dónde tiene que ser ambicioso el Gobierno Central en esta materia?
No parece que en el siglo XXI una política fiscal atenuada vaya a tener el mismo efecto que las cartas pueblas y otros privilegios para los nuevos pobladores de hace cientos de años. Muchos fiscalistas defienden que no hay razonamiento empírico alguno que vincule la fiscalidad específica con la decisión o no de vivir en el medio rural. En todo caso podría ser un elemento más a valorar en la decisión final. Creo, sin embargo, que una política fiscal adecuada puede coadyuvar a hacer más real el principio de justicia territorial por los beneficios a la biodiversidad que se aportan desde el medio rural que deberían ser compensados. Mañana vamos a firmar un documento-solicitud, los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón para que la Unión Europea modifique los criterios de elaboración del mapa de ayudas regionales de manera que las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, que tienen una densidad de población inferior a 12,5 hab/km2 reciban la consideración de zonas muy poco pobladas. Ello permitiría, por ejemplo, dar a las empresas radicadas en estas zonas ayudas al funcionamiento con un alcance de hasta el 20 por ciento de los costes laborales, que podrían consistir en una exoneración total o parcial de los costes de la seguridad social, lo que sin duda contribuiría al mantenimiento de empresas en el territorio y sería un importante incentivo para captar en el medio plazo futuras inversiones industriales y generadoras de riqueza.
¿Qué balance hace de la gestión del Gobierno en esta pandemia y de la cogobernanza con las autonomías?
Todos los gobiernos, central y autonómicos, han afrontado las mismas preocupaciones, los mismos problemas iniciales para encontrar material de protección para los sanitarios y personal de servicios esenciales y creo que todos hemos ido adoptando soluciones sobre la marcha, con los recursos que teníamos a nuestra disposición pero, en general, creo que el balance, salvo el doloroso número de fallecidos, ha sido aceptable, al menos en términos de entendimiento entre el Gobierno central y todas las comunidades, que por primera vez hemos puesto en común de verdad nuestras visiones sobre cuestiones que realmente preocupan y afectan al conjunto del país.
¿El nivel de cooperación entre comunidades es el adecuado? ¿En qué facetas se puede reforzar?
Siempre he defendido las relaciones horizontales entre comunidades, consciente de que nuestra capacidad de colaborar es definitiva para abordar problemáticas comunes, no solo entre aquellas comunidades que compartimos frontera natural. Cuando ponemos en común los problemas y las soluciones, las diferencias son insignificantes y el estímulo para la colaboración es extraordinario. Si culmináramos el proceso de federalización que lleva implícito en Título VIII de la Constitución, la gobernanza del país saldría ganando. Si en vez de estar sumidos en la acumulación desmesurada de poder político de Madrid, con la traslación de sus problemas, se ampliase con una cámara de representación territorial (un papel que debería de jugar el Senado) creceríamos más y seríamos mucho mejores.
¿Cree que en esta situación de excepcionalidad para la población el modelo autonómico ha demostrado utilidad y fortaleza para los ciudadanos?
Absolutamente. El caos inicial en la búsqueda de material de protección en mercados extranjeros, por ejemplo, puso de manifiesto que, además del relevante papel del Gobierno en cuestiones tan sensibles y momentos tan críticos para declarar el estado de alarma y el proceso de desconfinamiento, es preciso aunar la maquinaria de las autonomías, que son las que tienen transferidas numerosas competencias que afectan a la salud, a la educación y a los servicios sociales, fundamentalmente. Se ha demostrado además la necesidad de descentralizar la Administración del Estado y yo he propuesto en varias ocasiones la conveniencia de establecer la capital compartida, con ministerios fuera de Madrid, lo que puede considerarse también como una receta para salir de la crisis. Supondría una manera de superar los perjuicios que se derivan de la actual estructura del Estado y las luchas de poder. Una situación que le va bien a Madrid, le va bien a Barcelona, pero no así al resto del país. Por ello, una mayor distribución del poder político y económico ayudaría a un mejor funcionamiento del país.
El Gobierno de Aragón y la Junta de Castilla y León han suscrito en sus territorios un pacto para la recuperación, ¿por qué en estas comunidades ha sido posible y no lo es en el conjunto? ¿Hasta dónde la crispación política puede ser un lastre para la recuperación?
Aragón ha sido un ejemplo de superación de esta crisis sanitaria, pero también de unidad para afrontar el futuro. Y muestra de ello es la pionera Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social que firmamos el pasado 1 de junio. Frente al clima de crispación de la política nacional o de otros territorios, Aragón ha desplegado consenso, estabilidad, moderación, unidad y solvencia. De esta crisis no se puede salir por la izquierda ni por la derecha. La izquierda no tiene soluciones ni capacidad suficiente, y la derecha tampoco. Hay que buscar grandes acuerdos transversales, y si hace un mes yo no tenía demasiada esperanza en que eso se produjera, ahora es más probable según estamos viendo estos días en asuntos como la Comisión de Reconstrucción del Congreso y acercamientos respecto a la Unión Europea. Los acuerdos han de contar necesariamente con tres actores fundamentales, como son PP, PSOE y Ciudadanos, además de Podemos.
La reforma del sistema de financiación autonómica es una reivindicación constante de todas las comunidades, ¿teme que las medidas de gasto para superar la crisis del Covid y menores recursos por la recesión económica retrasen sin fecha su revisión?
El Gobierno de Aragón, junto con otros gobiernos, como con los que nos reunimos mañana en Soria -Castilla y León y Castilla-La Mancha-, se va implicar a fondo en la revitalización del medio rural y en la desconcentrar el poder económico y político y, por supuesto, como he dicho antes, seguiremos peleando por una cuestión básica para poder llevarlo a efecto: la reforma del sistema de financiación. También hemos reclamado rebajar el porcentaje del objetivo de déficit y la liberación de los remanentes de los ayuntamientos, pues todas estas medidas permitirán afrontar el reto de la recesión económica sin traumas. Hemos llegado a un punto sin retorno y quiero creer que este es un buen momento para revisar el sistema de financiación que lleva pendiente desde 2014.