La Junta de Castilla y León primará la experiencia acreditada en el servicio prestado y los criterios sociales sobre la oferta económica en los nuevos conciertos sociales que salgan a concurso. Para ello, elabora un borrador de decreto, que confía esté aprobado en cuatro meses, y que pretende favorecer a las entidades del tercer sector, con el objetivo de que disponga de una mayor estabilidad financiera.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se reunió ayer con el presidente de Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Castilla y León, Juan Pérez, y otros miembros de la organización para presentarles el borrador del decreto de Concertación Social, ya disponible en el portal de Gobierno Abierto, con el objetivo de que hagan aportaciones, que se estudiarán en el Consejo de Coordinación, que se constituirá y celebrará una sesión en noviembre.

En ese sentido, la titular de Familia explicó que este decreto, que pretende mejorar la sostenibilidad financiera de las entidades sociales, se ajusta a la Ley de Contratos del Sector Público, así como la legislación europea, puesto que aporta una regulación «específica» para servicios que se prestan a las personas. Además, aseguró que se introducen criterios de innovación y transparencia, puesto que defendió cuando salga a licitación un contrato podrá presentarse cualquier empresa o persona física.

Al respecto, la consejera destacó que la principal novedad del decreto es que se introducen criterios que van más allá de la oferta económica. De esta forma, destacó que se valorará la experiencia acreditada en función del servicio que se trate y que se primarán los aspectos sociales sobre el precio planteado. Además, en caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro. También se prevé que los conciertos contemplen plazos de ejecución de hasta seis años, prorrogables.

Numerosos servicios

Isabel Blanco avanzó que este decreto de Concertación Social afectará a un gran número de servicios, como los vinculados a la promoción de la autonomía personal, la protección de menores, el apoyos a las familias, a las personas con dependencia o discapacidad o a los programas de integración social. No obstante, quedan excluidos los de atención residencial y centros de día para mayores, personas con discapacidad y menores.

Por su parte, el presidente del Cermi de Castilla y León remarcó que este texto favorecerá la estabilidad financiera de las entidades afectadas puesto que tendrá la oportunidad de conocer con antelación los recursos económicos con que cuentan para prestar los servicios que se deriven desde la Junta. Además, señaló que lo podrán hacer en las «mejores condiciones», aunque también bajo criterios de eficiencia y competitividad.