Desde 2007, Hispania Nostra saca los colores a ayuntamientos, gobiernos regionales, particulares o colectivos por el riesgo de deterioro o desaparición en el que se encuentran los bienes culturales que aparecen en su conocida Lista Roja del Patrimonio. Castilla y León sale mal parada en este listado, ya que es la Comunidad con el mayor número de monumentos en esta situación, 211 en su última actualización.

Pero este toque de atención de esta asociación no lucrativa cuyo objetivo es la defensa del patrimonio cultural y natural también ha servido para que en los últimos doce años se hayan rehabilitado 51 monumentos incluidos en ella. Desde Hispania Nostra explicaron que sus denuncias se centran en informar sobre los elementos patrimoniales en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, además de animar a asociaciones locales en defensa del patrimonio a que refuercen sus reivindicaciones.

Una lista que ponen en duda desde la Dirección General de Patrimonio de la Junta, ya que consideran que muchas de las denuncias «carecen de rigor técnico y utilidad científica», además de no responder a «criterios objetivos». Enrique Saiz valoró que lógicamente Castilla y León es la que tiene una mayor cantidad de bienes en dicho listado al ser la Comunidad que atesora aproximadamente el 50 por ciento de los monumentos de España, aunque recordó que más del 40 por ciento de los que aparecen en ella no están declarados de interés cultural.

Además del color rojo, Hispania Nostra también pone el foco de atención con su Lista Negra en los bienes que «han desaparecido o se han alterado sus valores esenciales de manera irreversible». Castilla y León cuenta con dos de los siete bienes patrimoniales de toda España que aparecen en ella: el entorno exterior de las murallas de Ávila y el monasterio-hospital de Santa María de las Tiendas en Calzadilla de la Cueza (Palencia).

En el primer caso se incluyó en este listado ‘negro’ en octubre de 2009 porque «se consumó el atentado urbanístico por el que entró en la Lista Roja», según la información facilitada por Hispania Nostra. Desde el colectivo consideraron que la construcción del enorme Centro Municipal de Exposiciones y Congresos entre el lienzo norte de la muralla y el río Adaja, así como las edificaciones próximas a las murallas, destrozaron la vista histórica mantenida durante siglos.

El director general de Patrimonio, Enrique Saiz, defendió que esta valoración es «muy subjetiva». «Me duele que hayamos perdido restos de castillos, monasterios desamortizados o iglesias en despoblados, y eso sí debería estar en la lista negra, pero no es el caso del exterior de las murallas de Ávila», añadió, tras lo que recordó que tras la polémica construcción del centro de exposiciones, la ciudad no ha perdido el título de Patrimonio de la Humanidad ni de sus valores.

El otro monumento es el monasterio-hospital de Santa María de las Tiendas en la localidad palentina de Calzadilla de la Cueza, que fue derribado en 2006 por su propietario. El hospital fue uno de los más famosos de la Ruta Jacobea y funcionó hasta el siglo XIX.

Precisamente la titularidad, que en el 90 por ciento de los casos se encuentra en manos privadas, es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la administración para la rehabilitación de los monumentos. «He aprendido que muchas veces no es tan importante el estado de conversación del patrimonio como la capacidad de gestión», señaló Saiz. Una opinión que comparten desde colectivos como la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León, Promonumenta. «El año pasado sí hubo ayudas públicas para la rehabilitación de inmuebles, pero claro solo pueden acceder los de titularidad pública», explica el presidente de este colectivo, Marcelino Fernández. Además, apuntó que todavía queda una gran labor de concienciación en los pueblos para que valoren «que no solo tienen cuatro piedras, sino que puede ser un revulsivo para su economía».

El director general de Patrimonio destacó el «incremento progresivo» del presupuesto para la recuperación de bienes desde 2015, aunque insistió en que más importante que las inversiones son las «políticas sostenibles» que se pongan en marcha.