Un mes. Ese es el plazo que la Diputación ha dado al Ayuntamiento para que abone los 19 millones de euros más otros cinco de intereses, casi 25 en total, por la calle Jardines. Treinta días en los que se levantará acta de ocupación sobre estos solares, y que, una vez cumplidos, dejarán vía libre a la institución provincial para llevar a la ciudad al juzgado.  

La Diputación movió ficha en su Junta de Gobierno del pasado 29 de abril, después de que el Ayuntamiento aprobase en el pleno del mes de enero iniciar el expediente de revisión de oficio para declarar nulos todos los actos administrativos del acuerdo que hizo posible la urbanización de los 180 metros de la calle Jardines: el expediente expropiatorio de terrenos, el convenio expropiatorio y urbanístico entre la Diputación y el Ayuntamiento y las prórrogas del mismo.

La jugada es arriesgada porque el Consistorio confía en que el Consejo Consultivo haga lo que rechazó hacer a principios de año: dar una alternativa al pago de esos casi 25 millones de euros antes de que el conflicto se judicialice y sea un juez quien decida quién tiene la razón. 

Ahora, la institución provincial cumple con la hoja de ruta prevista, exigir al Ayuntamiento el pago de la cantidad que fijó la Comisión Territorial de Valoración de la Junta en 2007, y quita el seguro del botón rojo ubicado en el despacho de la presidenta Ángeles Armisén, el que tras apretarlo llevará a la ciudad a los tribunales para que sea un juez quien decida.

Conviene recordar que en 2010, en las postrimerías de sus mandatos, el socialista Heliodoro Gallego y el popular Enrique Martín alcanzaron un acuerdo que permitió conectar de una vez por todas la calle Jardines, y que pasaba por la cesión de 38.287 metros al Ayuntamiento a condición de que este le devolviera a la Diputación en el plazo de dos años 18.113 de esos metros convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada. 

la recalificación. Esa recalificación iba a deparar a la institución provincial 19 millones de euros a través de la explotación urbanística de ese suelo, la cantidad fijada por la Comisión Territorial de Valoración para las parcelas de la calle Jardines. 

Sin embargo, el pacto nunca se ejecutó y ambas instituciones lo han ido aplazando -lo que ha generado 5 millones de euros en intereses- hasta que en octubre del año pasado, el Partido Socialista dijo basta y obligó a ambas instituciones a crear una mesa de trabajo que negociase una solución definitiva antes del 31 de marzo. 

Durante seis meses, el Ayuntamiento y la Diputación han estudiado y negociado el acuerdo, y aunque sus responsables, Alfonso Polanco y Ángeles Armisén, hablaban en todo momento de colaboración institucional y entendimiento en pro de una solución, lo cierto es que llegada la fecha límite fueron incapaces de alcanzar un acuerdo político.

Dicho de otra forma, ni el Ayuntamiento quiere pagar 25 millones ni la Diputación renunciar a un solo euro. Por eso, la capital tomó la iniciativa y declaró nulo este acuerdo, basándose en que el acuerdo partió de un Plan General de Ordenación Urbana, el de 1992, anterior al que estaba en vigor (2008), y en que la valoración de los terrenos que se pretendían entregar a la Diputación a precios de 2007, antes de la crisis económica, no es la misma que la que se puede hacer hoy. 

Consejo consultivo. Aunque la institución provincial mueva ficha ahora en defensa de su patrimonio y exija que se cumpla íntegramente el acuerdo y que la ciudad pague, en metálico o en solares, esos 25 millones de euros, el Ayuntamiento confía en que el Consejo Consultivo emita un informe vinculante sobre si el acuerdo de 2010 es ajustado a derecho o no. 

El Consistorio y la Diputación ya intentaron esta jugada a principios de año, al entender que un tercer organismo podía analizar con objetividad la problemática existente, pero el Consultivo se negó a mediar y valorar el expediente expropiatorio y el convenio urbanístico.

Durante las últimas semanas, el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento ha redactado una propuesta de resolución, la cual remitirá -si no lo ha hecho ya- al Consejo Consultivo para que se pronuncie.

Con ello, la ciudad confía en tener la suficiente fuerza para rebajar las cifras del acuerdo, y evitar que la Diputación acuda a los juzgados, momento en el que cualquier oportunidad de solución política quedará ya descartada y en el que las dos administraciones estarán conminadas a lo que decida un juez.

Una pago que puede hipotecar la ciudad más de una década 

Si finalmente el Ayuntamiento no tiene más remedio que pagar los casi 25 millones que le exige la Diputación, la ciudad se enfrenta a un grave problema. No es descabellado asegurar que la deuda contraída con la institución provincial puede hipotecar las inversiones en la capital durante la próxima década, o asestar una dentellada al patrimonio de todos los palentinos, ya que el Consistorio puede sufragar el pago bien con dinero, bien con solares. Los casi 25 millones de euros que exige la Diputación son cuatro veces más que las sentencias del Sector 8, que llevan años restando recursos a las arcas municipales, tal y como ha denunciado el propio Alfonso Polanco. 25 millones de euros es más que toda la Estrategia para el Desarrollo Social y Urbano, el conocido como Edusi, que supone para la ciudad 20 millones de inversión, la mitad de fondos europeos, hasta 2022. Pagar 25 millones podría significar también, por ejemplo, que la ciudad no pudiese ejecutar un plan de vías, obras y asfaltado hasta 2045; o reformar más de 10 veces el parque de los Jardinillos. En definitiva, la ciudad se enfrenta a un problema muy serio para sus finanzas futuras si no se llega a un acuerdo con la Diputación y finalmente el conflicto se judicializa.

El peor problema en el peor momento: en plena época electoral

De la calle Jardines se lleva hablando en la ciudad casi 25 años. La solución a los 180 metros trazados por terrenos de la Diputación llegó hace 15 años, cuando de Heliodoro Gallego y Enrique Martín alcanzaron por fin un pacto. Sin embargo, el acuerdo no fue el punto final al entuerto, ya que las dudas legales sobre la operación de la Junta de Castilla y León, la crisis económica en el sector del ladrillo y la oposición vecinal se encargaron de hacer imposible su culminación. Por eso, cuando en 2012 acabó el plazo, comenzaron las prórrogas -cuatro en total- que día a día han ido incrementando los intereses de la operación. El año pasado, el Grupo Municipal Socialista forzó al Ayuntamiento y la Diputación a sentarse a negociar y poner fin a este contencioso. Lo pudo hacer en 2016, al principio del mandato, pero eligió el peor momento, a solo unos meses de unas elecciones municipales. La situación es tan surrealista que durante ocho años el Ayuntamiento y la Diputación han sido gobernadas por el mismo partido, y eso podría haber facilitado una solución política. Sin embargo, serán las próximas corporaciones de ambas instituciones las que tengan que lidiar con el problema de la calle Jardines, y es lícito preguntarse qué ocurrirá si se rompe esa sintonía.