El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las nueve diputaciones de Castilla y León suscribieron ayer en Becerril de Campos un protocolo general de actuación para promover el establecimiento de en torno a 300 sistemas de depuración en los municipios con población entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, con especial atención a los enclavados en espacios naturales.

Este programa medioambiental supondrá la movilización de inversiones en torno a los 140 millones de euros, de los que el 40% será aportado por la Junta, otro 40% por las diputaciones y el 20% restantes por los ayuntamientos, según explicó Fernández Mañueco, quien señaló que esta actuación se pone en marcha una vez finalizado el bloque de actuaciones en núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes, y que seguirá, a lo largo de la próxima legislatura, también de la mano de las diputaciones, con la depuración de los municipios de menos de 500 habitantes equivalentes.

Además, la Junta ayudará a las administraciones locales financiando su aportación, a 10 años en el caso de  de las diputaciones , y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar su esfuerzo presupuestario.

El presidente destacó que se trata de hacer una apuesta por la modernización y la sostenibilidad; por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos, y la calidad, en general, del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social.

Fernández Mañueco señaló que es un paso al frente en el compromiso con el mundo rural y el desarrollo, a la vez que subrayó que es un ejemplo de cómo administraciones de distintos signos políticos alcanzan acuerdos.  

Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias, que serán en torno a 300. Este grupo de trabajo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.   

Las distintas administraciones han acometido un importante esfuerzo inversor, apoyadas por la disposición y aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE, con la construcción de numerosas infraestructuras de tratamiento de aguas residuales urbanas.