Durante el pleno de ayer se leyeron dos definiciones del término reprobación. La que figura en los diccionarios, que dice que es una «crítica o desaprobación enérgica que alguien hace de una cosa, en especial de la conducta de una persona», y la del diccionario jurídico, que refleja que es el «pronunciamiento de una cámara legislativa mediante la que se manifiesta desaprobación con la gestión política de un miembro del Gobierno, un reproche moral a su gestión».

Una u otra recayeron por mayoría absoluta del pleno -y más concretamente de los 13 votos del PSOE, Ganemos y Vox, y pese a la oposición de PP y, mucho más tibia, de Ciudadanos- sobre la concejala capitalina y presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén; y, de rebote, sobre el teniente de alcalde y exregidor, Alfonso Polanco, por el papel que han jugado en el conflicto por la ejecución del convenio de la calle Jardines.

Que la de ayer era una sesión importante quedó claro incluso antes de su inicio, cuando en el salón de plenos entró buena parte de los diputados provinciales del PP, así como del gabinete de la presidenta de la Diputación. La otra parte de la zona destinada al público del salón plenario fue ocupada por los miembros de la Plataforma Antidesahucios de Palencia. Hubo quien preguntó si eso de la reprobación era tan grave e iban a desalojar a Armisén del Consistorio. Nada más alejado de la realidad, ya que lo aprobado por el pleno no tendrá consecuencias en su acta como edil.  

Armisén y Polanco, reprobados por el pleno - Foto: Óscar NavarroCRÍTICA A LA «ACTITUD». «No buscamos abrir una confrontación política entre el Ayuntamiento y la Diputación, sino poner de manifiesto nuestro malestar por su comportamiento como concejala», comenzó su intervención la portavoz del PSOE, Miriam Andrés, dirigiéndose a Armisén y dejando claro desde el principio que su crítica no tenía que ver con la legalidad de las acciones emprendidas por la Diputación, ni siquiera con el recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio.

Una crítica a su «actitud», sobre todo, por haberse levantado de su sillón e «inhibido» cuando en el Ayuntamiento se han tomado decisiones sobre el impacto económico que puede suponer a las arcas municipales la reclamación de 25 millones de euros por parte de la Diputación. Una «falta de lealtad» que Andrés argumentó en tres hechos puntuales en el conflicto de la calle Jardines. El más reciente, que en el pleno de septiembre ningún miembro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, ni el alcalde ni Alfonso Polanco, supieran o conocieran que Armisén ya había firmado que se interpusiese el recurso. 

El segundo, la sospecha de que no fue casual que la Diputación enviase el requerimiento del pago de los 25 millones el 14 de mayo, unos días antes de las elecciones municipales, ni que el Ayuntamiento, gobernado todavía por Alfonso Polanco, no contestase en el mes que tenía de plazo.

Y el tercero, que pese a que Polanco sabía que ese acuerdo firmado en 2010 por Heliodoro Gallego y Enrique Martín no se podía ejecutar, el Ayuntamiento y la Diputación, gobernadas por el PP, hayan firmado prórrogas que han supuesto seis millones de euros en intereses.

«COHERENCIA PERSONAL». En el debate de hasta qué punto puede ser reprobable públicamente una actitud, Ángeles Armisén tomó la palabra para dejar claro desde un primer momento que en su forma de actuar no cabe «ilegalidad, incompatibilidad o conflicto de intereses» alguno, y que en todo momento se ha guiado por la «coherencia personal».

«Por eso y por respeto institucional no he participado en los debates y votaciones [sobre la calle Jardines] en el Ayuntamiento, ya que podía afectar a mi responsabilidad como presidenta de la Diputación. Lo honesto era no parecer que defendía una cosa y la contraria -como ha hecho el PSOE, criticaría después- y eso no va en contra de los intereses del Consistorio», alegó.

«Aquí lo que hay son posiciones encontradas por parte de las dos administraciones», recalcó Armisén, que recordó su obligación de cumplir con el acuerdo de la calle Jardines, el cual, porque sí lo recoge explícitamente, «conviene a ambas partes».

La edil popular dejó claro que la institución provincial no ha hecho otra cosa que recurrir  lo que ambas instituciones firmaron en ese momento, «y que el PSOE votó a favor y le pareció tan bueno en 2010, aunque ahora lo critique», y que no es otro cosa que el requerimiento y acudir a los juzgados. 

También negó que conociese que los servicios jurídicos de la Diputación habían presentado la demanda en el TSJCyL cuando se celebró el pleno municipal de septiembre, y fue crítica con Andrés, a la que recordó su papel en la aprobación del convenio de la calle Jardines, y también que era concejala y diputada cuando el Ayuntamiento y la Diputación se cruzaron contenciosos administrativos en el año 2007, «pero entonces no pasaba nada».

Fue poco después, en lo más alto del enfrentamiento dialéctico entre Miriam Andrés y Ángeles Armisén, cuando saltó la sorpresa de la tarde. La portavoz de Vox, Sonia Lalanda, tomó la palabra para manifestar su apoyo a la propuesta del PSOE siempre y cuando se incluyese la reprobación del teniente de alcalde y exalcalde, Alfonso Polanco.

Sorpresa. «Lo que nadie entiende es que el PP gobierne las dos instituciones y estemos en una situación en la que la mitad de la provincia tenga que pagar 25 millones a la otra mitad», aseveró Lalanda. «Lo que demanda una solución son los 1.500 metros cuadrados de la calle Jardines y si hemos llegado hasta aquí ha sido por lo peor que se puede hacer en esta vida, que es no tomar decisiones. La responsable no es solo Ángeles Armisén», aseguró.

Que la petición sentó como una puñalada al exalcalde quedó claro en su intervención. «No sé qué le he hecho ni qué consigue con apuntarse a la reprobación», aseveró Polanco, que acusó a Sonia Lalanda de «vender otra vez su voto al PSOE como cuando hizo alcalde a Heliodoro Gallego». El teniente de alcalde defendió su gestión asegurando que intentó siempre «dar una solución pactada». «Primero, urbanística y cuando ví que era imposible, fuera de los tribunales», aseveró, para acusar a la oposición de «intoxicar» con este tema. 

ganemos y ciudadanos. Ganemos, que también había presentado una moción para reprobar y pedir la dimisión de Ángeles Armisén, terminó por retirarla cuando se lograron los votos necesarios para la reprobación. Antes, Sonia Ordóñez había asegurado que «resultaba incomprensible y políticamente e inaceptable que se interponga recurso contencioso-administrativo exigiendo el cumplimiento de un convenio sobre cuya validez está pendiente el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León».

«Este proceder, en este momento del proceso, infringe claramente los principios de servicio a los ciudadanos, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, de cooperación y colaboración entre las administraciones», sentenció Ordóñez.

Sin embargo, no fue Armisén ni Andrés ni Polanco quienes más apuros pasaron para salir airosos de debate. Fue Ciudadanos, que pareció más interesado en evitar entrar al fondo del asunto y dar la razón a unos u a otros -así se lo recriminaron Vox y PSOE-, que en fijar su postura al respecto de la reprobación. 

«En los cuatro meses que lleva este equipo de Gobierno, todos estamos de acuerdo en buscar una solución a este problema que afecta a todos los palentinos. No hemos parado de buscar fórmulas y vamos a continuar», acertó a decir al alcalde, Mario Simón.