La nueva temporada taurina de la Comunidad llegará con novedades, ya que la Junta de Castilla y León quiere reforzar la seguridad de los espectáculos con la publicación de una nueva normativa. Unos cambios «necesarios» que se van a incluir en una legislación que se remonta al año 2002 en el caso de las plazas portátiles, y que está prevista su derogación en el segundo semestre de 2020.
El número de espectáculos taurinos celebrados durante el año pasado en la Comunidad ascendieron a 2.337. Esto supone que solo han descendido un 3,11 por ciento desde el año 2010, cuando se registraron 2.410 eventos, según los datos facilitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Ahora, la Administración regional quiere reforzar la seguridad de estas celebraciones y por ello promueve esta nueva normativa. Entre las medidas se incluyen que las condiciones de seguridad de las plazas de toros portátiles estén certificadas por un arquitecto o un aparejador. La Comunidad tiene registradas 28 plazas de este tipo que se mueven por todos los municipios que lo solicitan.
Este es uno de los principales cambios introducidos en el nuevo texto, que también incluirá una modificación en la tramitación para la puesta en marcha de estas celebraciones y que obligará a suscribir una declaración responsable al promotor, en lugar de una simple autorización.
ventajas. Las modificaciones que se van a realizar implican una serie de ventajas para la organización de estos festejos. En el caso de la declaración responsable en lugar de la autorización previa supone presentar una menor documentación, el reconocimiento desde su presentación y que no se someterá a un plazo de vigencia, como señalaron las mismas fuentes de la Junta de Castilla y León.
Además, para garantizar y mejorar el sistema de inspección, se pedirá un certificado de un técnico competente para dar mayor facilidad a su tramitación. A estas medidas se suma la adaptación de la normativa al Código Técnico de la Edificación y la reducción de la altura mínima de barrera a 1,50 metros.
Los titulares de las plazas portátiles deberán comunicar a la administración responsable cualquier cambio de titularidad, así como al sometimiento de inspecciones periódicas. También deben asegurar la correcta conservación y mantenimiento de las infraestructuras.
La Junta de Castilla y León inició en la provincia de Zamora una serie de reuniones para presentar los cambios que se desean introducir en la normativa, así como conocer la opinión de los diferentes colectivos afectados. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha obligado en estos momentos a aplazar todos los encuentros previstos en otras provincias, además de crear incertidumbre en el sector.