La Dirección General de la Guardia Civil publicó hace unos días un concurso de traslados para cubrir un total de 3.611 vacantes de cabos y guardias en España, de las que 392 corresponden a puestos y cuarteles distribuidos por las provincias de Castilla y León. De esta manera, la Comunidad acapara el 10,8 por ciento de esas vacantes a las que podrán optar los agentes ya por antigüedad, por méritos y de libre designación.
Las vacantes publicadas el pasado 3 de marzo en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la agencia Ical, forman parte del primer movimiento de personal de la Benemérita del año, después de que en enero se resolviera la asignación de plazas de un concurso iniciado en septiembre de 2019. Es decir, las vacantes asignadas a Castilla y León permitirán la llegada de guardias civiles pero también la marcha de agentes a otras regiones. Lo habitual, por la experiencia de otros años, es que la Comunidad pierda guardias civiles en cada movimiento de personal, ya que muchos la consideran lugar de paso hacia un destino más atractivo.
Las 392 vacantes se distribuyen, principalmente, entre Burgos (79 vacantes) y Soria (60 plazas) que son las provincias con más necesidades.
Una cifra considerable de vacantes, en concreto 72, se han generado en las capitales y el alfoz, sobre todo en el núcleo de servicios que se encargan, por ejemplo, de la seguridad de edificios como las comandancias, subdelegaciones del Gobierno, casas cuartel y prisiones.
Los cuarteles con más necesidades de personal, a la vista de la oferta de plazas del concurso, son Briviesca y Sotopalacios (Burgos), con seis vacantes. En Segovia, es Sepúlveda, con siete plazas y en la provincia soriana, se ofertan siete en Almazán y seis más en Arcos de Jalón. Además, Zaratan, en el alfoz de Valladolid, se refuerza con 13.
Asociaciones de agentes como la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) denuncian el «problema acuciante» de la falta de personal que se agrava, en su opinión, por la mala planificación. No en vano, recuerda que es poco operativo y rentable mantener unidades con cuatro agentes en pequeños puestos que apenas prestan servicio. Considera que es una organización territorial anticuada y que el cuartel no da seguridad, por lo que se necesitan efectivos en las calles. Además, el escaso número de guardias ocasiona cuarteles cerrados durante gran parte de la semana o bien atendiendo tareas administrativas en lugar de velar por la seguridad ciudadana y ser policía de proximidad.
Hasta el punto de que la AUGC asegura que los guardias civiles también sufren las consecuencias de la España vaciada. «Los agentes, como ciudadanos en el medio rural, carecen, al igual que sus vecinos, de servicios básicos, y deben trabajar en condiciones aún más precarias que sus compañeros que prestan servicio en otras zonas más pobladas”, alerta la asociación.
Ante esta situación, AUGC propone reestructurar la implantación territorial Guardia Civil, pasando de las actuales 2.700 unidades a una «comarcalización», que supondría la agrupación de los efectivos en unidades capaces de afrontar plenamente que ningún núcleo poblacional carezca de atención.