El director de la prisión de La Moraleja en la localidad de Dueñas, Javier Díez, agradeció ayer, con motivo de Nuestra Señora de la Merced -sin acto institucional ni celebración por precaución- el trabajo de los funcionarios durante la pandemia. «Han dado el callo al máximo, como el resto de servicios públicos de seguridad en el estado de alarmar y después. Acudieron a trabajar un día de cada tres o de cada dos si fue preciso y en el área de vigilancia se ha permanecido día y noche. Especialmente en esta sección quiero aprovechar la ocasión para reconocérselo», indicó.
Además, resaltó el hecho de que no se haya dado ningún caso positivo de Covid-19 entre los internos. «Esto obedece también al cuidado de los funcionarios, tomando las medidas adecuadas para no hubiera contagios. El virus no estaba dentro y podía entrar con alguien que llegara desde la calle al centro penitenciario o a los módulos. Trabajadores e internos han contribuido a que exista un control adecuado y hay que felicitar a todos por ello», resaltó Javier Díez.
Por otro lado, el director del centro penitenciario explicó que la población reclusa ha bajado en un año en 30 internos, pasando de 780 a los actuales 750, frente a los 1.800 de pico máximo en 2010.
Sobre las necesidades de plantilla, manifestó que haya más o menos reclusos, en el área de vigilancia el número de funcionarios no es acorde al tenerse que cubrir muchas funciones como los controles de acceso y de otro tipo. «El problema viene porque la Función Pública, en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), no cubre las vacantes del personal que, sobre todo en vigilancia, tiene derecho por edad o años en el puesto a pasar a la segunda actividad, ya sea administrativa o en otras funciones sin contacto con los internos. Este déficit los cubrimos cerrando algún departamento, pero no es lo ideal», precisó. Además, apuntó que en el área sanitaria se pudo solucionar el problema de falta de médicos, sumándose a los dos de plantilla otros tres interinos.
Finalmente, señaló que, pese al perfil conflictivo de muchos reclusos, solo hubo este año dos agresiones a funcionarios. «Esperábamos una situación peor al tener que suprimir actividades y estar casi todo el día los internos en el módulo y la vigilancia ha sido clave», arguyó.
Acaip cifra en 111 las plazas por cubrir y denuncia la alta conflictividad del centro
El sindicato de prisiones Acaip-UGT, mayoritario en el centro penitenciario de Dueñas denunció la, a su juicio, «acuciante falta de personal, que a fecha 6 de septiembre es de 111 plazas vacantes, la mayoría del área de vigilancia, médicos y educadores». Al respecto señaló que falta el 22% de la plantilla que deberíamos tener según la RPT, con 394 funcionarios de los 505 que serían necesarios. «Con 57 años y 30 en vigilancia se pasa a la segunda actividad y las jubilaciones son continuas y falta gente», dijo la formación sindical.
A ello sumó que persiste un alto grado de conflictividad «con un elevado número de internos potencialmente muy peligrosos y al gran número de internos con patologías psiquiátricas graves».
Acaip-UGT señaló que a principios de la semana pasada se produjo en uno de los módulos que presenta más problemas en la prisión «una gran pelea con un interno apuñalado, varios lesionados y otros seis en aislamiento». «El perfil de los internos, combinado con el escaso personal provocan que en la práctica sea imposible garantizar tanto la seguridad de los reclusos como la de los propios trabajadores», concluyó.
Tampm pide más plantilla, medios materiales y el mismo salario de cuerpos policiales
La Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu abandono me puede matar (Tampm) consideró que la plantilla de Dueñas, como la del resto de prisiones, «es insuficiente y envejecida» y precisó que el 75% del personal de Instituciones Penitenciarias tiene más de 40 años y el 40% iguala o supera los 50 años. «En los últimos nueve años, por cada tres jubilaciones sólo se ha incorporado un funcionario», dijo,
El colectivo profesional reclamó también que se lleve a cabo formación continua en materia de defensa personal para garantizar su seguridad. «Somos el colectivo público que más agresiones sufre con una media de 600 al año, cifra maquilladas a la baja con un protocolo aprobado por la Administración con ese objetivo», concretó.
Finalmente, junto a la dotación de medios materiales adecuados y de más plantilla para atender las necesidades penitencias, desde Tampm se pidió «justicia salarial» al considerar irrenunciables las demandas de una equiparación con lo reivindicado por otros Cuerpos de Seguridad del Estado y el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.